El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifestó su inquietud ante las nuevas disposiciones contenidas en el reglamento de energía distribuida, aprobado recientemente por la Superintendencia de Electricidad (SIE), al considerar que introduce cargas económicas que afectan a los usuarios que apuestan por la generación de energía solar en el país.
El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, informó que la entidad se suma a la postura asumida por la Coalición RD 100 % Renovable, la cual ha advertido que el reglamento establece un cargo del 25 % sobre la energía solar que los usuarios de bajo consumo inyectan a la red eléctrica nacional.
De acuerdo con Lacen Custodio, esta medida impactaría directamente a los nuevos clientes residenciales y comerciales que deseen instalar paneles solares en los techos de sus viviendas o negocios, desincentivando el uso de fuentes limpias y renovables, en contradicción con los compromisos ambientales asumidos por el Estado dominicano.
El dirigente religioso explicó que el artículo 19 del reglamento dispone que los clientes acogidos a tarifas monómicas deberán pagar un cargo por uso de red equivalente al 25 % del valor de la energía inyectada, disposición que ha sido calificada por diversos sectores sociales y técnicos como un “impuesto al sol” encubierto.
En ese sentido, el CODUE considera que esta normativa vulnera el espíritu de la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía, la cual consagra la medición neta como un intercambio justo y equitativo entre la energía consumida por el usuario y la energía aportada a la red eléctrica.
Asimismo, la entidad evangélica cuestionó que el reglamento de energía distribuida obligue al registro e inspección de sistemas de autoconsumo que no inyectan energía al sistema, calificando esta exigencia como una intromisión injustificada que afecta el derecho a la propiedad privada y la privacidad de los ciudadanos.
Ante este escenario, el CODUE reiteró su llamado a las autoridades del sector eléctrico a revisar los aspectos considerados regresivos del reglamento, propiciar un diálogo amplio y transparente con los sectores sociales, productivos y comunitarios, y garantizar que la transición energética del país sea justa, sostenible y coherente con el marco legal vigente.
Impacto ambiental en Azua
En otro orden, el pastor Feliciano Lacen Custodio advirtió sobre el impacto ambiental negativo que, desde el año 2022 a la fecha, ha generado la instalación de barcazas generadoras de electricidad en la comunidad de Los Negros, provincia Azua.
Según la entidad religiosa, estas barcazas han provocado daños significativos a los manglares de Puerto Viejo, a las especies marinas y a la biodiversidad de la zona, además de afectar a los residentes locales, quienes han denunciado contaminación ambiental, ruidos constantes, enfermedades respiratorias, disminución de la pesca y deterioro de la economía familiar.
“El país requiere estudios de impacto ambiental y sanitario creíbles, así como una revisión integral del sistema eléctrico nacional. No es necesario crear nuevas leyes, sino cumplir las que ya existen, sin atrincherar ni imponer más cargas al pueblo dominicano”, concluyó Lacen Custodio.
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