El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) denunciaron que la empresa Global Min carece de capacidad técnica, financiera y de experiencia para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la República Dominicana.
Las organizaciones reaccionaron luego de que la Cámara de Diputados aprobara este viernes una resolución que autoriza un contrato suscrito en agosto de 2025 entre el Estado dominicano y el Consorcio Global Min, para la exploración y explotación de hidrocarburos tanto en territorio terrestre como marítimo.
Según explicaron, ninguno de los socios que registraron a Global Min el 21 de marzo de 2023, bajo el registro mercantil número 191790SD, posee experiencia en el campo de la investigación de reservas de hidrocarburos. Entre las empresas que conforman el consorcio figuran Coastal Petroleum Dominicana, S.A.; Bas Projects Corporation S.L.; Autozama, S.A.; ETC & Asociados, S.A.S.; Amber Development Corporation; Guess Investments, L.T.D.; y Matterhorn Developments, S.A.
“Estas empresas se dedican a inversiones inmobiliarias, importación y exportación de combustibles, venta de vehículos e instalación de plantas eléctricas, pero ninguna ha incursionado en la exploración y explotación de hidrocarburos, ni en el país ni en ninguna parte del mundo”, afirmaron.
Las entidades sostuvieron que Global Min fue creada con el propósito específico de recibir este contrato, debido —según indicaron— a las estrechas relaciones entre Arturo Santana Reyes, presidente de Coastal Petroleum Dominicana, S.A. y principal accionista de Global Min, con el presidente de la República, Luis Abinader.
Señalaron además que Santana Reyes es accionista de las plantas de gas natural de Manzanillo, junto a Carlos José Martí, las familias Vicini y González, Guillermo Estrella, Silvia Vela, Pedro Hais Sanabia y Luis Sanabia.
El CNLCC e INSAPROMA calificaron como ilegal, arbitraria y carente de transparencia la adjudicación del contrato por parte del Ministerio de Energía y Minas a Global Min para explorar los bloques CB1 y CB2 en la región del Cibao, incluyendo zonas de Montecristi y Dajabón, señalando que fue otorgado de grado a grado.
Asimismo, consideraron que la alianza de Global Min con la empresa estadounidense Lumina Geophysical constituye una maniobra de último momento, que evidencia la insolvencia técnica del consorcio. Indicaron que Lumina Geophysical no posee el perfil, capital ni la experticia de clase mundial que requiere una actividad de esa magnitud.
Las organizaciones denunciaron que la ronda petrolera organizada por el Ministerio de Energía y Minas fue un fracaso rotundo, ya que ninguna empresa petrolera internacional mostró interés. Sin embargo, en lugar de declarar desierta la licitación, las autoridades otorgaron el contrato a Global Min, repitiendo —según afirmaron— las irregularidades cometidas en 2019, cuando se adjudicó un contrato similar a la empresa APA (antes APACHE) durante el gobierno de Danilo Medina.
Revelaron que la falta de interés internacional obedeció a los resultados negativos de la exploración realizada por APA en la cuenca de San Pedro de Macorís, los cuales —aseguran— el Ministerio de Energía y Minas no publicó, pese a tenerlos en su poder desde hace años, violando la ley.
“Aunque las empresas petroleras están obligadas a publicar los resultados de sus exploraciones, tengan o no éxito, las autoridades han ocultado esta información para no desalentar la participación en la nueva ronda”, denunciaron.
También recordaron que Arturo Santana Reyes fue vinculado públicamente a la explosión del tanque de gas de Polyplas, ocurrida el 5 de diciembre de 2018 en Villa Agrícola, que dejó al menos ocho personas fallecidas, hecho que —según indicaron— no tuvo consecuencias penales.
El CNLCC e INSAPROMA reprocharon que el Gobierno de Luis Abinader continúe, a su juicio, con prácticas de favoritismo hacia personas de su entorno cercano.
“Con acciones como otorgar contratos de grado a grado, el presidente Luis Abinader no podrá convencer a nadie de que su gobierno es transparente ni que combate la corrupción administrativa”, concluyeron.
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