Personas que acuden a las audiencias lo hacen armados y las exhiben como para intimidar a los jueces que llevan los procesos, situación que preocupa a los actores que administran justicia en la República Dominicana.
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (ADOJUPA), advierte sobre situación, considerándola de «grave riesgo» para la seguridad de jueces, así como los servidores del sistema judicial.
Adojupa citó el ataque público mediante amenazas proferidas por una usuaria contra la jueza Alejandra Reyes Custodio, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia y su familia, un hecho ampliamente difundido en los medios de comunicación, el cual ocurrió en presencia de las autoridades del Poder Judicial.
La seguridad e integridad de jueces y juezas -indica- son esenciales para sostener el Estado de Derecho, a través de la administración de justicia.
“Nuestra labor, que implica decidir en aplicación de la Constitución y las leyes, nos expone constantemente a ataques y amenazas personales”, afirma la entidad.
Precisa que la tarea de resolver conflictos no es sencilla, porque exige juzgar de acuerdo con el marco legal y no ceder ante presiones populistas o la opinión pública, tal como lo destacó Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, durante la reciente celebración del World Law Congress (Congreso Mundial de Derecho).
Destaca que no en vano el legislador dominicano estableció, desde hace 20 años, que todos los jueces del orden judicial tienen derecho a que el Estado les provea un arma de cualquier calibre para su defensa personal.
Además, señala que deben contar con custodia personal y familiar permanente, según el artículo 50 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, porque no se prevé como una opción, sino como un derecho exigible.
Sin embargo, esas disposiciones -afirma- no se aplican en beneficio de la mayoría de los jueces y juezas integrantes del Poder Judicial, pese a años de solicitudes en ese sentido, dirigidas tanto por los jueces a título personal como a través del gremio, y que no han recibido respuesta alguna.
“Así como es necesario resolver los problemas que surgen, también, es de suma importancia prevenirlos. La seguridad de jueces y juezas debe ser prioridad, no como respuesta a una situación que culmine en tragedia”, advierte la Asociación.
Llama a las autoridades del Poder Judicial atender este asunto mediante la ejecución de esas disposiciones, con acciones concretas para el reforzamiento de la seguridad en los distintos tribunales, así como dotar de armas y personal de seguridad a los jueces.
“No se trata de un caso aislado, sino de una problemática que afecta a todo este colectivo, conformado por quienes velamos por el cumplimiento de la ley”, enfatizan.
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