Las tierras que el Estado buscó para reubicar al campesinado que desplazó de las suyas y de sus casas para dar passo a la construcción del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande (PMPMG), afirman que, además, de la larga espera para que se les provea de sus medios económicos, las que prometen las autoridades constituyen un «verdadero infierno».
Así lo definió un representante de los desplazados del Proyecto Múltiple presa de Monte Grande, dijo que sedieron sus tierras al Estado con el compromiso de que los reubicaran en un terreno igual o mejor, «pero aparte de la espera larga la prometida y a la que pretenden enviarnos es un infierno”.
El presidente del Comité de Protección y Defensa de la comunidad La Maceta, Santo Esteban Ferreras, denunció que desde el inicio de la construcción de la presa, que se ubica entre las provincias Azua y Barahona, se les prometió reubicarlos en varios terrenos, no aptos para la producción agrícola.
Resaltan que 400 familias son afectadas directamente, mientras que en forma indirecta son más de 800, por lo que el número que está en esa calamidad ascienden a más de 1,200 familias.
Narró que en el primer intento de reubicarlos, la parcela estaba propensa a inundarse por la hidroeléctrica ubicada en Los Toros, Azua, y por tal razón fue descalificada, además, aseguró que era muy poca tierra para la cantidad de tareas que demandaban damnificados por la construcción de la presa.
En su búsqueda, retornaron a Barahona, está vez a Vuelta Grande y contaban con mucho terreno pero resultó que estaba protegido por Medio Ambiente y el agua era salobre, por eso se descartó. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, supuestamente les entregó la tierra a personas que no eran damnificadas.
En un tercer intento, identificaron un terreno en la misma localidad de Monte Grande donde se les entregaría 10 tareas y 20 tareas en Tamayo, Bahoruco.
“Hicimos un acuerdo que la parcela 757 de la empresa tomatera Victoria y la parcela 145, a ambas se les iba hacer una mejora en la capa vegetal para llevársela a esa tierra que están identificadas”, pero resaltó que los últimos acuerdos que hicieron con el Indhri e Instituto Agrario Dominicano (IAD), el proceso tardaría 6 meses y lleva más de un año sin concluir.
Aunque el acuerdo parecía ser la luz al final del túnel, según denuncia el representante campesino, la tierra que le haría el relleno para hacerlas más fértil también están sepultadas bajo el agua de la presa. “Son tierras, que si alguna persona le dan diez tareas ahí y lo mandan al infierno es parecido, porque no van a producir nada”, expresó Ferreras.
Entrevistado en el programa de radio, «Ahora por la Super 7», en su edición Vespertina, que su denuncia no se trata de politiquerías y que no tienen intención de oponerse a la obra, evidenciando que los comités de las localidades afectadas han tratado de llegar acuerdos con la pasada gestión administrativa de Danilo Medina y dos con Abinader, sin embargo, ninguno cumplió.
Concluyó que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), “no alega nada”, por ende los acusa de tener intenciones de dejarlos en la calle, porque asegura que las autoridades públicas tienen más de 5 meses enemigos de los miembros de los comité.
