Al encabezar una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente de la República Luis Abinader, que se espera participe como candidato presidencial en las próximas elecciones por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), dio garantías este lunes que «protegería y controloría» los fondos públicos durante el proceso electoral en curso en República Dominicana.
Reafirmó ese compromiso ante la ciudadanía en cuanto a la importancia que tiene para el fortalecimiento de la democracia dominicana superar la historia de gastos desbordados que por décadas acompañan los procesos electorales.
El tema lo trató el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público, que se reunió en sesión el pasado miércoles 31 de mayo, el cual decidió comparecer en pleno ante la sociedad dominicana para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos, que obligan a superar prácticas que, fortaleciendo el sistema político, a la vez lesionan las finanzas públicas.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo que la Constitución de la República en su artículo 39 establece el “derecho a la igualdad, por lo que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento, militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas”.
Además, que la Carta Magna establece en el artículo 138 que “los principios fundamentales de la administración pública son claros al establecer los principios de igualdad y transparencia como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública”.
Explicó que la Ley 41-08 de Función Pública en el artículo 80 numeral 14 establece como prohibiciones: “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de terceros”.
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en su artículo 25, numeral 1 prohíbe: “realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la constitución y las leyes”.
Mientras que en su numeral 9, prohíbe: “imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios”.
Por razón de lo antes explicado esta gestión se caracteriza por el cumplimiento normativo que fortalece el manejo de los fondos públicos y el impulso a la cultura de transparencia.
“Sigue siendo profundo nuestro compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos con la debida diligencia y discreción. Y con convicción democrática, defendiendo la aplicación de las normas aquí recordadas”, precisó Ortiz Bosch.
Durante la rueda de medidas disciplinarias dentro del marco de la Ley 41-08 de Función Pública, en consulta con el órgano rector, el Ministerio de Función Pública.
Asistieron: el ministro de la Presidencia, Joel Santos; administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; MESCYT, Franklin García Fermín; Economía, Pável Isa y Administración Pública, Darío Castillo.
También, el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias, y de Análisis Financiero, Carlos Castellanos, el viceministro de Educación, Julio Cordero; el contralor, Félix Santana, y el tesorero nacional, Luis Delgado.
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