Santo Domingo (RD).- El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez, reveló que de 2003 a 2012 en República Dominicana únicamente se produjeron cuatro condenas por trata de persona.
El magistrado Baró Gutiérrez, quien reveló el dato al impartir el taller “Riesgo Institucional del Crimen Organizado y la trata de Personas”, en Verón-Punta Cana, auspiciado por Participación Ciudadana, dijo que luego, aunaron esfuerzos entre 2013 y 2017 y se emitieron 45 condenas.
Pese al ahínco, explica el Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, la intensidad de esa labor se descontinuó entre 2018 y 2020, en cuyo período únicamente se conocieron 18 condenas, «menos de la mitad de lo que se logró en el último espacio de tiempo señalado».
“Este comportamiento se debe a debilidades institucionales, la falta de recursos, entre otras acciones relacionadas al desarrollo de políticas públicas que permitan hacer frente a desa realidad”, señaló.
PC, coordinó el taller con la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), la Fundación Sueño Amazona y Asociación Mutua de Servicios Solidarios (AMUSSOL).
El objetivo es profundizar sobre las conductas asociadas a la trata de personas, mecánica que usan los tratantes y grupos delictivos organizados para la comisión del delito y cómo utilizan la corrupción para la facilitación del delito y evitar la persecución penal.
Se desarrolló en el marco de las acciones del proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal, para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacionalmente.
Solo el 1% de víctimas de violencia denuncia casos
El Procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, reveló que se han conocido más de 200 mil casos de víctimas explotadas sexualmente entre 2003 y 2019, pero que solo el 1% de estas hacen la denuncia.
El magistrado Baró Gutiérrez, dijo que esto es porque significa una afrenta el engaño, los múltiples años sometidas al maltrato de este tipo, y en el peor de los casos una amenaza de muerte.
Otro dato expuesto en la conferencia impartida por el magistrado Baró es que, en 2020 el país fue colocado en la lista de vigilancia del Nivel 2, por ser una de las naciones que no satisfacen plenamente las normas para la eliminación de la trata de personas, pero que están dando importantes pasos para lograrlo.
De acuerdo con los testimonios presentados, algunas de las personas expuestas ante la trata y explotación sexual, son iniciadas en las drogas, como un mecanismo que permita a las víctimas soportar las diversas acciones a las que son forzosamente sometidas.
De estos, resalta el Procurador, que muchos son menores de edad comercializados a través de sus padres por dinero, mientras que otros, entre 800 mil y 4 millones, son engañados para luego ser convertidos en esclavos sexuales, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó Baró.
En la capacitación participaron, además miembros de la Policía Nacional; del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); del Ministerio de Trabajo; la organización Plan International; fiscales y demás entes relacionados a la profesión del Derecho y otras áreas gubernamentales a nivel provincial.
