Santo Domingo, RD. –
Participación Ciudadana rechazó que en la República Dominicana se aplique el «lawfare», término utilizado para describir la supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos.
La posición fue expresada por Pancho Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de la entidad, quien sostuvo que en el país no se han utilizado mecanismos judiciales para inhabilitar adversarios políticos.
“Si tú estuviste en un cargo público, administraste mal el dinero o distrajiste fondos, ahí no se puede hablar de lawfare”, afirmó Álvarez durante una entrevista en el programa D´AGENDA.
El activista social se refirió al tema al ser consultado sobre recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien rechazó cualquier intento de manipular procesos judiciales con fines políticos, al considerar que tales acciones afectan la integridad de las instituciones democráticas.
Álvarez defendió el derecho de la diplomática a expresar su opinión sobre estos temas y rechazó que sus declaraciones constituyan una violación a la soberanía nacional.
“La democracia ya no solo se circunscribe a la República Dominicana, sino que es un valor universal”, expresó.
Asimismo, recordó que el fortalecimiento de los procesos democráticos en América Latina contó con el apoyo de iniciativas impulsadas por Estados Unidos, entre ellas la Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El dirigente de Participación Ciudadana reconoció que esa organización ha recibido financiamiento de la USAID, así como de gobiernos como los de Inglaterra, Alemania y Canadá para programas vinculados a procesos electorales y lucha contra la corrupción.
Por otro lado, manifestó su desacuerdo con una decisión atribuida al presidente estadounidense Donald Trump, relacionada con la persecución de empresarios norteamericanos involucrados en actos de corrupción cometidos fuera de Estados Unidos.
Álvarez consideró que, en lugar de flexibilizar ese tipo de controles, lo ideal sería fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para mejorar los procesos de compras y contrataciones públicas en los países con mayores debilidades institucionales.
En otro orden, insistió en que los principales imputados del caso Calamar, entre ellos los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, deben enfrentar un juicio de fondo para que sea la justicia la que determine responsabilidades o descarte las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
