Santo Domingo, RD. –
El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, afirmó que los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta deberían ser los principales interesados en que las acusaciones formuladas en el expediente del caso Calamar sean conocidas en un juicio de fondo.
Según el jurista, un juicio permitiría que las pruebas y testimonios sean debatidos públicamente, ofreciendo a los imputados la oportunidad de demostrar su inocencia.
“Yo creo que les conviene a ellos, Gonzalo y José Ramón, que la acusación que pesa en su contra se ventile en un juicio de fondo”, expresó durante una entrevista en el programa D´AGENDA.
Álvarez explicó que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, para enviar un expediente a juicio de fondo no se requiere certeza de culpabilidad, sino la existencia de una probabilidad razonable de condena.
“Lo que se determina en una audiencia preliminar es la probabilidad de que pueda haber una condena, no una certeza”, indicó.
Al referirse específicamente al caso de Gonzalo Castillo, recordó que el Ministerio Público presentó como testigo a Mimilo Jiménez, quien afirmó haber entregado miles de millones de pesos al exministro de Obras Públicas.
Señaló que los testimonios de Jiménez, José Ureña, Fernando Crisóstomo y Francisco Pagán fueron impugnados por la defensa, pero la jueza Altagracia Ramírez rechazó esas objeciones y admitió dichas declaraciones como pruebas para un eventual juicio de fondo.
Álvarez sostuvo que la admisión de esas pruebas no implica una declaración de culpabilidad, sino que existe mérito suficiente para que sean examinadas en una etapa de juicio.
“Con eso no se está diciendo que es culpable o inocente; sencillamente se está diciendo que vale la pena que esas pruebas sean valoradas en el juicio de fondo”, manifestó.
El dirigente de Participación Ciudadana recordó que durante la audiencia preliminar no se escuchan testimonios ni se valoran pruebas en profundidad, sino que se determina la legalidad y admisibilidad de las evidencias presentadas por las partes.
Indicó que la organización que representa ha defendido que los expedientes de corrupción sustentados en pruebas relevantes puedan superar la fase preliminar y llegar a juicio de fondo para que los tribunales emitan una decisión definitiva.
A su juicio, una absolución obtenida luego de un proceso completo tendría un mayor efecto para despejar cualquier duda sobre la responsabilidad de los acusados.
“Si ellos consiguen una absolución en un juicio de fondo, pueden decir en cualquier lugar que están libres de pecados”, concluyó.
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