Una investigación completa, profunda y transparente sobre los hechos denunciados en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que se establezca responsabilidad con los involucrados en ese mayúsculo escándalo de supuesta corrupción administrativa en esa dependencia del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.
Es lo que espera Participación Ciudadana espera, tras expresar que los hechos denunciados en diferentes medios de comunicación por periodistas de investigación y la oposición política, es una situación bastante seria, así como preocupante.
«Y con ello; adopción de una resolución por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, contra uno de los procesos de SeNaSa, calificado de irregular, demuestran que el cuidado de los recursos de los contribuyentes es una tarea constante que trasciende gobiernos», dice PC.
Afirmó que en los hechos alrededor de SeNaSa hay evidencia de irregularidades originadas en graves deficiencias de gestión y falta de mecanismos de transparencia, prácticas corruptas y clientelares, las cuales han provocado un déficit financiero de varios miles de millones.
También, señala como otras deficiencias las demoras en la entrega de medicamentos, en los pagos a las prestadoras de servicios de salud, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y deteriorando su credibilidad establecida durante años.
«Nos preocupan los contratos ya difundidos que muestran una clara intención desde este órgano público de privatizar servicios en detrimento de la salud pública, especialmente la red de atención primaria que, conforme a los datos estatales, cuenta con las condiciones para asistir a los ciudadanos/as que así lo demanden. Estas contrataciones, en muchos casos lesivas, perjudican el interés general y conducen a la pérdida de recursos públicos, la ineficiencia de los servicios, pero, también, debilitan la legitimidad de las instituciones. La intención de privatización de servicios esenciales, como la salud, en condiciones desfavorables para el Estado y la población, nos deja serias preocupaciones éticas, sociales y económicas», dijo la entidad de la sociedad civil.
«Sabemos que el sector privado contribuye con eficiencia, innovación y recursos, sin embargo, cuando la contratación se da sin una regulación adecuada, sin transparencia y bajo esquemas que priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo, el resultado es perjudicial para la mayoría de la población, especialmente los más vulnerables», expresó.
Indicó que por los datos aportados en investigaciones periodísticas y por las versiones de técnicos y profesionales vinculados a la seguridad social, el caso no solo implica a SeNaSa, sino un conjunto de operadores del sector salud, público y privado, cuyas actuaciones deben ser profundamente indagadas por los órganos de investigación.
En ese sentido, saluda la decisión del Poder Ejecutivo de remitir sus hallazgos al Ministerio Público; confía en que este órgano documente y persiga cualquier acto reñido con la ley para que no prevalezca la impunidad en un sector tan sensible y de vital importancia para los afiliados y toda la ciudadanía.
Exigió, de igual modo, consecuencias sobre aquellos que resultasen responsables, sin importar cargos, afinidades políticas, rol público o privado.
«Lo ocurrido en SeNaSa constituye una invaluable oportunidad para que el gobierno examine sus políticas públicas en materia de salud, mancomune los esfuerzos de las distintas instituciones y gestione los procesos al amparo de reglas claras y supervisión rigurosa, pero a su vez para que la Procuraduría General de la República actúe con esmero y el Poder Judicial haga frente a la impunidad», sugirió.
La corrupción en el sector salud, afirmó PC, no solo representa una desviación de recursos, sino una profunda traición al deber de garantizar la vida y el bienestar de la población. Cada acto de corrupción retrasa tratamientos, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de quienes más necesitan atención.
Como Estado y como sociedad -afirma- «tenemos la responsabilidad indelegable de proteger lo público, de fortalecer los sistemas de control y de asegurar que la salud jamás sea tratada como un negocio, sino como un derecho inalienable. Solo así podremos avanzar hacia un sistema sanitario justo, transparente y verdaderamente humano».
