DENUNCIA ABUSO POLICIAL EN EL CONGRESO
SANTO DOMINGO, RD. –
La diputada Millys Johanna Martínez Morillo, representante de la provincia Elías Piña, denunció ante la Cámara de Diputados que fue víctima de una agresión y un atropello por parte del coronel de la Policía Nacional asignado a esa demarcación y varios de sus subalternos, durante un incidente ocurrido en la provincia Comendador, Elías Piña.
Al pronunciarse desde su curul, la legisladora reclamó que el caso sea investigado y que se establezcan responsabilidades, al tiempo que advirtió que su denuncia no debe ser considerada un asunto personal, sino una situación que compromete los derechos ciudadanos y la responsabilidad de los organismos llamados a garantizar la seguridad pública.
“La Policía Nacional está llamada a proteger, no a intimidar; a servir, no a maltratar”, expresó Martínez, al sostener que ninguna autoridad puede colocarse por encima de la Constitución ni de las leyes de la República Dominicana.
La diputada explicó que tenía previsto utilizar su intervención para reclamar obras necesarias para su pueblo y su provincia, pero decidió dedicarla a denunciar lo que describió como una vulneración de su dignidad y sus derechos.
“Fui víctima de una agresión y de un atropello en mi propio pueblo, Comendador, por parte del coronel de la Policía Nacional asignado a la provincia de Elías Piña y sus subalternos”, afirmó ante sus colegas legisladores.
“Hoy fui yo; mañana puede ser cualquiera”
Martínez sostuvo que, antes de ser diputada, es médica, trabajadora social, madre, hija y ciudadana, por lo que consideró que su investidura no la hace superior a los demás, pero tampoco justifica que una autoridad la humille o agreda.
A partir de su denuncia, planteó interrogantes sobre la situación de los ciudadanos que no cuentan con una tribuna pública para hacer escuchar sus reclamos cuando consideran que han sido víctimas de abusos.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso, ¿qué se puede esperar del agricultor, del motorista, de una madre humilde o cualquier ciudadano que no tiene una tribuna para denunciarlo?”, cuestionó.
La congresista también preguntó quién protege a la población cuando quienes tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad son señalados de incurrir en actuaciones abusivas.
“Ningún uniforme está por encima de la Constitución y ningún funcionario debe estar por encima de la ley”, enfatizó.
Solicita investigación a Abinader y a la dirección policial
La representante de Elías Piña solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, que se garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos denunciados.
También pidió al director general de la Policía Nacional y al Ministerio de Interior y Policía que determinen las responsabilidades correspondientes y apliquen las sanciones que procedan si se comprueba que hubo abuso de autoridad.
La legisladora aseguró que existen pruebas del incidente y reclamó que las autoridades actúen con transparencia para esclarecer lo ocurrido.
No obstante, la determinación de responsabilidades deberá producirse a partir de una investigación que permita verificar los hechos, examinar las pruebas y escuchar a las partes involucradas.
Pide al Congreso asumir la denuncia como un asunto institucional
Martínez se dirigió además al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y a sus compañeros legisladores, a quienes pidió no tratar la denuncia como un problema individual.
“Les pido que no veamos esto como un problema de Millys Martínez, sino como un asunto que compromete la dignidad de este Congreso y los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó.
La diputada insistió en que su caso debe servir para examinar las garantías que tienen los ciudadanos frente a las actuaciones de los organismos de seguridad y la obligación de investigar cualquier denuncia de abuso de autoridad.
“Hoy fui yo; mañana puede ser cualquiera de ustedes. Y todos los días puede ser un dominicano humilde, sin voz ni protección”, expresó al concluir su intervención.
La denuncia de la congresista sureña coloca nuevamente en el debate público la necesidad de que las actuaciones policiales se ajusten a la Constitución, las leyes y los protocolos institucionales, así como la importancia de que existan mecanismos efectivos para investigar posibles abusos y garantizar que las reclamaciones ciudadanas sean escuchadas.
Hasta el momento, en la declaración suministrada no figura una respuesta del coronel señalado ni una versión oficial de la Policía Nacional sobre los hechos denunciados.
