La dominicana Dayana Heredia, condenada a 21 años de prisión en Venezuela, pidió ayuda al presidente Luis Abinader para regresar a República Dominicana, mediante un video en el que expresa su desesperación por permanecer encarcelada desde julio de 2024 y separada de sus hijos y demás familiares.
“Quiero regresar a mi país”, es el clamor de Heredia, quien asegura que fue víctima de una presunta red de viajes irregulares que le prometió trasladarla a España, pero cuyo recorrido terminó con su detención en territorio venezolano.
En el audiovisual, la mujer solicita al mandatario que intervenga para facilitar su retorno y le permita reencontrarse con sus hijos y su madre. También afirma que sus familiares han buscado ayuda en distintas instituciones sin obtener la respuesta que esperan.
El caso vuelve a llamar la atención sobre la situación de la dominicana, cuya familia denuncia presuntas irregularidades judiciales, condiciones de reclusión preocupantes y falta de asistencia consular durante el proceso.
De un viaje hacia España a una condena de 21 años
Heredia trabajaba como estilista en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo, donde se dedicaba, entre otras actividades, a la micropigmentación de cejas y labios.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares recogida el periódico nacional Diario Libre, la mujer decidió emprender un viaje irregular con destino a España después de que un grupo de dominicanos, presuntamente vinculado a una red que también opera en Colombia, le ofreciera la posibilidad de conseguir una vida mejor.
Según esa versión, viajó a Colombia, donde le proporcionaron documentos venezolanos falsos, y posteriormente se trasladó a Venezuela.
Sin embargo, sus familiares cuestionan las pruebas que sustentaron la condena y sostienen que durante el proceso surgieron contradicciones.
Un pariente que solicitó mantener su identidad en reserva afirmó que los agentes que participaron en el arresto declararon que no encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. También aseguró que las pruebas practicadas en las manos de Heredia para determinar si había tenido contacto con esas sustancias dieron resultados negativos.
La familia sostiene que estos elementos constan en el expediente y en la sentencia, por lo que reclama que se examine el proceso judicial. Estas afirmaciones corresponden a la versión de sus allegados y no constituyen, por sí solas, una determinación independiente sobre la validez de la condena.
La CIDH otorgó medidas cautelares a su favor
La situación de Heredia también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo adoptó el 10 de agosto de 2026 la Resolución 63/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de la dominicana y otros dos detenidos.
Según el reportaje de Diario Libre, la CIDH consideró que existía una situación de gravedad y urgencia, con riesgos para los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Heredia.
Entre los factores señalados figuran las condiciones de detención, las dificultades para mantener contacto con sus familiares, la presunta falta de atención médica para sus afecciones físicas y psicológicas y la situación de indefensión alegada.
La Comisión también indicó que no había recibido información del Estado que le permitiera conocer las medidas adoptadas para atender o reducir los riesgos identificados.
La intervención de la CIDH representa un elemento relevante en el seguimiento del caso, aunque la concesión de medidas cautelares no equivale a una anulación de la condena ni a una orden de liberación.
Familia denuncia hacinamiento y problemas de salud
Heredia estuvo recluida inicialmente en Santa Bárbara, en el estado venezolano de Zulia, antes de ser trasladada al Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), en el estado Mérida.
Sus familiares aseguran que el traslado se produjo sin que recibieran una notificación formal y sostienen que las condiciones del recinto penitenciario son preocupantes.
Según el testimonio ofrecido al medio, el cambio de prisión habría ocurrido después de un motín en el centro donde se encontraba, situación que habría provocado el traslado de Heredia y otras tres reclusas.
A estas denuncias se suma la preocupación por su estado de salud. Sus parientes afirman que presenta problemas renales y que no recibe suficiente agua. También aseguran que su abogado solicitó que fuera trasladada a un hospital, pero que la petición no habría sido atendida.
La familia cuestiona, además, el manejo del teléfono celular utilizado como evidencia durante el proceso. Según su versión, funcionarios habrían utilizado ese dispositivo para realizar llamadas, una circunstancia que consideran irregular.
Los allegados también denunciaron que dos abogados les solicitaron 15,000 dólares para supuestas negociaciones con jueces a fin de conseguir la libertad de Heredia. Afirmaron que rechazaron esa propuesta porque consideran que la mujer es inocente.
Reclaman asistencia de las autoridades dominicanas
Desde el arresto de Heredia, sus familiares aseguran que acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) en busca de asistencia para conocer su situación judicial y las condiciones en que permanece detenida.
Según el relato familiar, en el área de Protección a Nacionales les informaron que no había relaciones diplomáticas con Venezuela. Los parientes sostienen que tampoco obtuvieron los resultados esperados tras dirigir una solicitud al entonces canciller Roberto Álvarez.
La familia afirma que un vicecónsul dominicano en Venezuela, Isidro Castillo, les ayudó a canalizar información sobre el caso. Sin embargo, considera que las gestiones no fueron suficientes para verificar directamente las condiciones de reclusión y las acusaciones contra Heredia.
Los allegados aclaran que su reclamo no consiste necesariamente en exigir la liberación inmediata de la mujer, sino en que las autoridades dominicanas contribuyan a verificar que se respete el debido proceso y que reciba la asistencia correspondiente.
Tras la difusión del video dirigido a Abinader, la familia asegura que recibió un acercamiento del nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez.
Debido a las limitaciones de comunicación de Heredia, sus parientes dicen que dependen de otras personas que tienen familiares recluidos en el mismo centro penitenciario para hacerle llegar dinero, alimentos y productos de higiene.
Su familia espera una respuesta
Los familiares aseguran que Heredia no puede realizar llamadas con regularidad y que aprovechó la visita de otras reclusas para hacer llegar el video que posteriormente circuló en las redes sociales.
Mientras esperan respuestas, insisten en que necesitan orientación institucional y seguimiento a la situación judicial y humanitaria de la dominicana.
Su petición pública al presidente Luis Abinader busca que su caso sea atendido y que se exploren vías para facilitar su regreso a República Dominicana, en medio de las denuncias sobre su salud, las condiciones de encarcelamiento y las presuntas irregularidades del proceso que terminó con su condena a 21 años de prisión.
