SISTEMA NACIONAL DE BECAS
SANTO DOMINGO, RD.–
Estudiantes dominicanos que sean beneficiados con becas del Gobierno para cursar estudios en el extranjero podrían estar obligados a regresar al país y permanecer en territorio nacional durante un período de entre dos y cinco años para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
La disposición está contemplada en un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Becas, aprobado este miércoles en segunda discusión por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, propuesta por el diputado José Caraballo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), procura establecer un sistema que garantice un acceso más equitativo a la educación superior, técnica y profesional mediante facilidades económicas.
Sin embargo, el proyecto también establece compromisos para los beneficiarios de becas otorgadas para estudiar fuera del país.
Tendrían que devolver el dinero si no regresan
De acuerdo con la propuesta aprobada, los dominicanos que reciban una beca del Gobierno para estudiar en el exterior deberán retornar al país una vez concluyan su formación y permanecer en territorio nacional durante un período determinado.
El plazo establecido sería de dos a cinco años, con el propósito de que los profesionales puedan aportar al desarrollo productivo y laboral de República Dominicana utilizando los conocimientos adquiridos durante sus estudios.
En caso de que el beneficiario decida permanecer en el extranjero y no cumpla con esta obligación, tendría que reintegrar al Poder Ejecutivo una proporción o la totalidad de los recursos económicos recibidos mediante el programa de becas.
El legislador fundamenta esta disposición en el principio de “reciprocidad social”, al considerar que quienes reciben recursos públicos para su formación deben contribuir posteriormente con el desarrollo del país.
Más obligaciones para los becados
El proyecto contempla otras obligaciones para los beneficiarios del Sistema Nacional de Becas.
Entre ellas figura mantener un rendimiento académico mínimo, utilizar los recursos exclusivamente para los fines establecidos en la beca y entregar la documentación requerida por las autoridades responsables del programa.
También deberán mantener actualizados sus datos y comunicar cualquier cambio relacionado con su situación socioeconómica cuando sea requerido.
Sanciones por incumplimiento
La propuesta establece diferentes sanciones dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas por los beneficiarios.
Entre las medidas contempladas figuran amonestaciones escritas y suspensión temporal de los recursos, especialmente cuando los estudiantes incumplan con la entrega de documentos o la actualización de las informaciones requeridas.
También podría disponerse el reintegro proporcional de los fondos utilizados de manera indebida y la inhabilitación para participar en futuras convocatorias durante un período de hasta tres años.
Estas sanciones aplicarían, entre otros casos, cuando los recursos sean utilizados parcialmente para fines distintos a los autorizados, se obstaculicen procesos de auditoría o se omita informar sobre cambios en la condición socioeconómica del beneficiario.
Documentos falsos podrían provocar cancelación definitiva
El proyecto contempla sanciones más severas para quienes incurran en fraude para obtener o mantener una beca.
La presentación de documentos falsos o adulterados, el uso fraudulento de los recursos o la manipulación de registros académicos podrían provocar la cancelación definitiva de la beca.
Además, el beneficiario podría ser obligado a devolver la totalidad de los fondos recibidos, quedar inhabilitado para participar en programas de becas durante un período de hasta 10 años y ser remitido al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.
También contempla sanciones por corrupción
La iniciativa establece responsabilidades para funcionarios que intervengan en actos de corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas.
El proyecto señala que, en esos casos, también serían aplicables las disposiciones contenidas en las legislaciones relacionadas con la función pública, compras y contrataciones públicas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
No obstante, el diputado proponente no especificó las sanciones concretas que corresponderían a los servidores públicos involucrados en irregularidades durante la administración de los programas de becas.
¿Quién administraría el sistema?
El proyecto contempla la creación del Consejo Nacional de Becas (Conabe), que estaría bajo la dirección del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
En la estructura participarían, además, los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud, así como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), universidades privadas, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Ahora pasa al Senado
Tras su aprobación en segunda discusión en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser conocida por el Senado de la República.
Si también recibe la aprobación de los senadores, el proyecto pasaría al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader tendría la facultad constitucional de promulgarlo u observarlo.
De convertirse en ley, el nuevo sistema establecería un marco nacional para la asignación, seguimiento y fiscalización de las becas públicas, incluyendo mayores compromisos para quienes reciban recursos del Estado para formarse en el extranjero.
