SANTO DOMINGO.-
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reveló que la investigación en torno al desfalco millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha determinado que la institución fue «atacada por varios frentes» a través de distintas estructuras criminales.
Las declaraciones de Camacho se produjeron tras la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ratificó la prisión preventiva contra el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y otros seis procesados en la denominada Operación Cobra.
Tres estructuras bajo la lupa
El procurador adjunto explicó que el esquema de corrupción no se limita a un solo grupo. “Hemos identificado una primera estructura en este proceso; una segunda liderada por Ángel Luis Guzmán, cuya medida de coerción se conocerá este viernes, y una tercera estructura que también afectó al seguro estatal, de la cual no podemos dar detalles para no entorpecer la investigación”, detalló Camacho.
El titular de Persecución fue enfático al señalar que el daño provocado por esta red es uno de los más palpables en la historia de la corrupción administrativa del país, por haber golpeado «el corazón de la salud del pueblo dominicano».
Ratificación de medidas Además de Hazim Albainy, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para:
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Gustavo Enrique Messina Cruz
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Francisco Iván Minaya Pérez
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Germán Rafael Robles Quiñones
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Rafael Luis Martínez Hazim
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Ada Ledesma Ubiera
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Ramón Alan Speakler Mateo
Camacho recordó que este es el quinto juez que valida la proporcionalidad de la prisión preventiva, rechazando una vez más los alegatos de problemas de salud presentados por la defensa de Hazim Albainy.
La próxima revisión de las medidas de coerción quedó fijada para el 30 de julio de 2026.
Cargos y evidencias
A los implicados en la Operación Cobra se les imputan delitos graves como coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, el entramado utilizaba sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico para distraer miles de millones de pesos en perjuicio de los afiliados al seguro público.
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