El procurador de corte Pelagio Alcántara Sánchez llama a integrar una «cultura de extinción de dominio» en el sistema judicial dominicano, destacando que esta herramienta es fundamental para recuperar a favor del Estado los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas como la trata de personas, el narcotráfico y corrupción.
Durante un encuentro con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la magistrada Yoanna Bejarán Álvarez, el titular de la Unidad de Extinción de Dominio enfatizó que este procedimiento es más ágil y efectivo que el proceso penal convencional para desarticular las finanzas de las estructuras criminales.
Ventajas de la Ley 340-22
Alcántara Sánchez resaltó que la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio permite golpear el patrimonio ilícito de forma independiente a las sanciones personales que se buscan en la jurisdicción penal.
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Efectividad: Es un procedimiento «sui géneris» que cierra brechas legales y reduce la burocracia típica de los juicios penales.
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Independencia: La extinción de dominio se centra en los bienes (muebles e inmuebles) y no depende de una condena penal previa para ejecutarse.
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Cuerpo del Delito: Permite perseguir tanto el dinero generado de inmediato por el ilícito como cualquier transformación posterior (lavado de activos).
“El proceso penal va a seguir existiendo para sancionar personas, pero la extinción de dominio es mucho más práctica para afectar el patrimonio ilícito”, explicó Pelagio Alcántara Sánchez.
Formación y Aplicación
El magistrado, designado en el cargo por el Consejo Superior del Ministerio Público que encabeza la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, señaló que aún falta formación a nivel judicial para aprovechar al máximo esta norma.
Recordó que la ley tiene alcance sobre bienes ubicados en territorio nacional y en el extranjero, siempre bajo acuerdos de cooperación internacional.
En tanto que la procuradora Yoanna Bejarán Álvarez coincidió en la importancia de desmantelar las estructuras económicas de las redes de trata para evitar que sigan operando desde la sombra del anonimato financiero.
