Tomás Aquino Méndez
Lo primero que descuenta un empleador al calcular el salario de sus trabajadores es lo correspondiente a la Seguridad Social. De igual manera, realiza su propio aporte al sistema, tal como lo establece la ley. Y es correcto que así sea, ya que el incumplimiento conlleva sanciones legales para el patrón.
Ese pago no está en discusión. Lo que sí debe ser cuestionado, con urgencia, son los beneficios reales que reciben los asegurados a cambio de esos aportes obligatorios.
Así como la ley contempla sanciones para el empleador que incumple con el pago a la Seguridad Social, también debería contemplar mecanismos claros para revisar y mejorar los beneficios que reciben los trabajadores asegurados. El equilibrio entre obligación y derecho parece hoy claramente roto en perjuicio de la clase trabajadora.
Resulta preocupante que se impulsen reformas que nadie reclama, mientras que la reforma de la Seguridad Social, una demanda histórica, no figure entre las prioridades legislativas. A las puertas de una nueva legislatura, es oportuno llamar la atención de los congresistas para que atiendan este reclamo y dispongan una revisión y adecuación integral del sistema de seguridad social.
Es imprescindible elevar la ridícula suma asignada para medicamentos, que en muchos casos se agota con una sola visita médica. Asimismo, debe revisarse el monto que el asegurado está obligado a pagar cada vez que acude a una consulta, una carga que termina castigando al trabajador que ya aporta mensualmente al sistema.
El Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad histórica y decidirse a reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar pensiones justas, mejores servicios de salud y una legislación que responda a la realidad económica y social actual de los trabajadores dominicanos.
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