Xavier Carrasco
El hogar en el que me crie no fue únicamente un espacio de vivienda; fue también un auténtico comando político del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Años más tarde, viví con una tía cuya casa sirvió de escenario para la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Barahona.
En ambos entornos, marcados por la militancia, el debate y la pasión política, escuché desde niño una frase que aún hoy me invita a reflexionar: “la política es para los políticos”.
Hay momentos en los que creo comprender plenamente el peso de esa expresión, y otros en los que no tanto. Y aunque pueda parecer contradictorio, no me considero un político en sentido estricto. Me falta aprender, recorrer caminos y acumular experiencias. Sin embargo, hay realidades que la observación constante y la vivencia directa terminan por revelar.
Una de ellas es que la política, entendida como ejercicio del poder y administración del Estado, debe estar en manos de personas formadas para ello. No se trata de elitismo, sino de responsabilidad pública.
En gran medida, los escándalos de corrupción ocurridos durante el gobierno del presidente Luis Abinader no han tenido como principales protagonistas a políticos de carrera, sino a figuras provenientes de la sociedad civil y del sector empresarial que, al asumir funciones públicas, evidenciaron serias deficiencias en el manejo de los recursos del Estado.
Casos como los de Santiago Hazim, Bartolomé Pujals, Rafael Feliz o Ángel Hernández reflejan que la buena intención o el prestigio previo no sustituyen la formación política ni la comprensión del servicio público.
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo del actual gobierno. Durante la gestión del expresidente Danilo Medina ocurrió algo similar. Algunos de los casos de corrupción más sonados estuvieron vinculados a personas sin una trayectoria política clásica, pero que ocuparon posiciones estratégicas dentro del Estado, comprometiendo la credibilidad gubernamental. Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo son ejemplos de cómo la falta de una formación política integral puede derivar en graves consecuencias institucionales.
La conclusión parece evidente: gobernar no es improvisar. La política no es un laboratorio de ensayos ni un espacio para aprender sobre la marcha. Es una disciplina que exige preparación, ética, experiencia y una comprensión profunda del Estado y de la sociedad que se administra.
Como reza el viejo refrán, “zapatero a tu zapato”. En política, esta sentencia cobra especial vigencia: el país necesita servidores públicos capacitados para gobernar, no aficionados con poder. Porque cuando la política deja de estar en manos de políticos responsables, el costo final siempre lo paga la ciudadanía.
