La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, consideró que la sociedad está pendiente de las imputaciones penales “graves y serias” contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
“Nos preguntamos si ellos (los procesados por corrupción) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, dijo la procuradora de corte, al responder a periodistas cuando preguntaron de sí la información de una decisión de los jueces del Tribunal Constitucional respecto al nombre con el que el Ministerio Público designó esa y otras operaciones con la que busca procesar al imputado Rodríguez Sánchez y compartes, como parte de su lucha contra la impunidad y la corrupción.
Lamentó “que esté en tela de juicio la denominación que aplique el Ministerio Público a un determinado caso de corrupción; cuando a lo que verdaderamente deberíamos estar pendientes es a las imputaciones graves, serias, que pesan sobre el exprocurador y el resto de los acusados”.
“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público”, sostuvo Ortiz.
Ortiz ofreció estas declaraciones luego de aplazarse para el 23 de junio el inicio del juicio contra Rodríguez Sánchez y compartes en el Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional por la ausencia del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto.
Sobre el caso
Además de Jean Alain Rodríguez y Alfredo Alexander Solano Augusto, en el caso están implicados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020). Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
El envío a juicio de fondo fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez.
La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.
