El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe anual de derechos humanos en lo relativo a las detenciones arbitrarias, abusos a migrantes haitianos y personas negras en la República Dominicana, interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, entre otros aspectos.
Afirma que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos y la impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular en la Policía Nacional y en la Dirección General de Migración (DGM).
Describe que entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos..
Destaca la grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.
Ejecuciones extrajudiciales
El Departamento de Estado describe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre y si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía.
“Según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico. Según los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta”, describe.
Explica que hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes y que durante una operación de interdicción migratoria en el área de Cap Cana, la policía y agentes de migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, mataron a Jean Modes Fontas e hirieron a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas.
“En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM (Dirección General de Migración), la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia”, relata.
Extorsión y robo a detenidos
Refiere que en las cárceles y centros de detención de inmigrantes, las condiciones sanitarias y de salud eran en general deficientes; Faltaba espacio y camas disponibles, y los baños eran inadecuados.
“Los informes de malos tratos y violencia eran comunes, particularmente en las prisiones del viejo modelo, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de los visitantes de la prisión. Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles”, detalla.
Indica que durante las operaciones de detención y en los centros de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en detenciones arbitrarias.
“Esto dio lugar a una corrupción generalizada, incluida la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención”, puntualiza el informe.
Gobierno dice estar asombrado con informe
La reacción del Gobierno fue inmediata. El vocero del gobierno y Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, emitió un comunicado oficial en el que indica que el Gobierno ha tomado conocimiento del extenso Reporte sobre los Derechos Humanos.
“Estamos estudiando el informe y responderemos en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados”, refiere el funcionario.
‘No obstante, aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe, que no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”, continuó.
Enfatizó que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos e indicó que están dispuestos a dialogar constructivamente con sus amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área.
Estados Unidos establece que el Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos y que los altos funcionarios a menudo respondieron insistiendo en que las víctimas debían presentar denuncias formales.
