Santo Domingo.- El Ministerio Público investiga a un diputado que ayudaba a uno de los arrestados en la Operación Falcón, la cual forma parte de una amplia investigación de varios meses con la que desmanteló, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), una amplia red criminal de narcotráfico y lavado de activos que movilizó grandes cargamentos de cocaína ocupados en el país y en Puerto Rico.
En la operación, encabezada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ha sido arrestado Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, W, El Michero, El Hombre o El Don.
Además, Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli, La Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Rafael Alberto de Jesús, Marisol López Ceballo (Mary), Elva Teresa Polanco, Delfina Asunción Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Torres Sanabia y Julio César Jiménez Talavera.
“Ciertamente, el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la DEA, ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar”, especificó Reynoso a los periodistas que la abordaron al salir de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a donde acudió a escuchar un fallo en torno a los procesados del Caso Medusa.
“Hemos ocupado muchas evidencias, entre ellas cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar, porque los allanamientos están en proceso, vehículos de alta gama, entre otras propiedades muy lujosas y más de cinco estaciones de combustible”, expuso.
La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó la Operación «Falcón» como una de las más importantes que registra República Dominicana en contra del lavado de activos.
Explicó que la investigación conlleva la detención de varios extraditables y que otros imputados serán procesados a través de la Fiscalía de Santiago, provincia utilizada como el centro de operación de la red.
Indicó que la madrugada de este miércoles, mientras estaba en curso la operación, el diputado Héctor Darío Féliz Féliz movilizó en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado, por lo que el Ministerio Público cree que el legislador hizo el desplazamiento “con la intención de sustraer al extraditable de la investigación”.
Explicó que el órgano de la persecución penal procedió al registro del vehículo de Féliz Féliz y a arrestar a la persona que pretendía proteger.
“El legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad (parlamentaria) y esta inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto”, señaló.
“Es el diputado Féliz Féliz. Es un diputado que el Ministerio Público reitera que está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente, que es la Suprema Corte de Justicia”, apuntó.
“Reiteramos que no ha sido arrestado porque tiene inmunidad parlamentaria, pero eso no impidió que el Ministerio Público arrestara, a pesar de estar en su vehículo, al extraditable”, indicó.
Reynoso destacó que “la ley no hace excepciones y el Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán, tampoco las hace”.
En la operación Falcón participan más de 60 fiscales, incluyendo el titular de Santiago, Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, así como más de 200 agentes de la DNCD, bajo el mando directo de su presidente, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
La desarticulación de la red criminal contó con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico que tenían como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia de Santiago”.
Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuegos de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red operaba en la zona norte de República Dominicana, en especial en Santiago, pero con ramificaciones en la región este del país. Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
La red está vinculada a un alijo de 1,786 kilogramos ocupado por las autoridades de Puerto Rico en noviembre de 2016.
También a otro alijo de 500 kilogramos de cocaína introducido a Puerto Rico, en diciembre de 2018, y otro de 722 paquetes ocupados por la DNCD en Boca de Yuma en noviembre de 2018.
Además, a un alijo de 659 paquetes de cocaína ocupado en Bayahíbe en noviembre de 2018.
En febrero de 2019, a individuos vinculados a la red se les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo carretero de la Autopista del Coral, entre la estación de Peaje Coral II y la rotonda del distrito municipal Verón-Punta Cana.
Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de 2019 se le ocuparon 1,050 paquetes de cocaína, en la embarcación tipo Go Fast que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas al norte de Puerto Rico.
También, se relacionan con otros dos alijos, de 86 y 139 paquetes de cocaína, ocupados por la DNCD en mayo de 2019.
