El obsoleto Código Penal Dominicano (CPD), que data de 1884, el cual ha sufrido más de 200 reformas para ponerlo a tono con el contexto actual, ha sido aprobado en segunda lectura por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Al menos 126 legisladores les fallaron a la mujer dominicano al dar el sí al Proyecto de Ley de Código Penal que deja fuera a las tres causales y que sería la única por las cuales se puede interrumpir un embarazo que sea inviable con la vida, solo 26 rechazaron la pieza.
Los diputados aprobaron la modificación del Código Penal sin incluir las tres causales para permitir la interrupción del embarazo, bajo las tre condiciones especiales: cuando la vida de la mujer corra peligro, haya deformación congénita, el estado de preñez sea el fruto de una violación incesto.
La pieza de 410 artículos pasa al Senado de la República, con el reto de decidir si agrega al proyecto las tres causales o si mantiene la exclusión de esta figura.
El proyecto de Código Penal sale de la cámara baja disponiendo condena de 10 a 20 años para casos de corrupción, pudiendo castigar al infractor con pena acumulada, según la gravedad del hecho, y con multas de entre diez a veinte salarios para tipos penales de fraude.
Los senadores deberán mantener, reducir o aumentar la pena aplicada al crimen de corrupción administrativa, para el que varios sectores solicitaban pena superior a los 30 años. Los legisladores peledeístas y de Alianza País reclamaron permitir el aborto.
El presidente de la Comisión de Justicia de la CD, Alexis Jiménez, afirmó que el informe recomendado se hizo conforme las peticiones de los sectores, y que es Código de la mujer, debido a la cantidad de mecanismos creados para su protección, lo mismo que para los menores.
El presidente de la Cámara y proponente del proyecto, Alfredo Pacheco, reiteró el compromiso que hizo para hacer realidad este Código.
Los diputados también aprobaron a unanimidad la primera lectura de el proyecto de ley que regula la lengua de señas y el sistema Braille en República Dominicana, en un cuarto intento por conseguir la ley para que las personas no videntes puedan escribir y leer textos.
