Pablo Vicente
La República Dominicana enfrenta hoy en día un grave y complejo problema que combatir, relacionado a la figura de la Policía Nacional y que con la decisión del presidente de la República de alguna manera arroja luz y da esperanza a un tema en el que estamos un tanto rezagado, ya que en otras ocasiones se han dado algunos pasos y sin embargo aún no se ha logrado tener una Policía Nacional acorde a los nuevos tiempos.
El Barómetro Mundial de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, halló que la policía era una de las instituciones más corruptas de la región. En la República Dominicana, el 47 por ciento de las personas que tuvieron contacto con la policía en el último año (2018) tuvieron que pagar algún soborno.
Además, un informe sobre la República Dominicana publicado en 2019 por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (Latin American Public Opinion Project- LAPOP) señala que casi el 62 por ciento de los dominicanos sienten que la policía ha estado involucrada en actividades delictivas, casi el doble del porcentaje de personas (32.2 por ciento) que consideran que la policía protege a la población.
Es evidente que el cuerpo policial requiere de un profundo proceso de reforma que permita combatir eficazmente las amenazas que representa la delincuencia y el crimen organizado para poder garantizar el imperio de la ley y el estado social y democrático de derecho.
La Policía Nacional es la institución pública con la que los ciudadanos tienen un contacto directo y por lo tanto es la cara del Estado frente a la comunidad, por lo que impulsar su modernización es un paso fundamental que debe de contar obviamente con el respaldo del pueblo dominicano.
Es un hecho conocido que dicha institución tiene problemas serios tales como corrupción, falta de personal y de recursos tecnológicos y financieros, bajos niveles de profesionalización, capacidades de investigación muy limitadas, entre otros elementos que sin lugar a dudas les impiden cumplir sus funciones de una manera eficientemente tal y como demanda la sociedad dominicana.
Todas esas situaciones han contribuido a generar altos niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Policía Nacional, la gente considera que no tiene sentido denunciar los delitos y solo recurre a la misma como último recurso.
Es evidente que si se quiere revertir esa tendencia es necesario iniciar procesos de reformas profundas, integrales y sostenidas que permitan profesionalizar el cuerpo del orden y recuperar la confianza de la población.
En efecto, consideramos que esas reformas deben hacerse desde una perspectiva integral, que refuerce el carácter civilista de la policía, el respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las funciones y el profesionalismo de los agentes en sus relaciones con la comunidad que conduzca a una mayor gobernanza democrática. Está demostrado que la política de mano dura no han sido efectivas para enfrentar la criminalidad. Es claro que se necesita ir más allá del aumento de penas y la construcción de cárceles, se requiere un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad, para lo cual es necesario mejorar los niveles de confianza, con miras a elevar las capacidades de prevención del delito y lograr una convivencia más armónica.
Por supuesto, entendemos que la reforma policial es solo un paso en el camino de un conjunto de reformas institucionales que deben ser abordadas si se quieren enfrentar eficazmente los problemas de inseguridad ciudadana.
Esperamos que esta reforma que se pretende impulsar tenga un carácter integral en la que la Policía Nacional recupere la confianza, promueva cambios en la cultura institucional, impulse la profesionalización y tecnificación, mejore las condiciones laborales de los agentes y dé una mayor eficacia de los servicios que realizan.
A pesar de que las instituciones policiales tienden a ser rígidas y por ende su modernización es desafiante, es fundamental emprender el camino hacia la reforma y transformación de la Policía Nacional. Los ciudadanos esperan y merecen ciudades donde puedan vivir seguros y la modernización policial es uno de los requisitos para conseguirlo.
* El autor es presidente de FUJUDEL
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