Santo Domingo.- Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, embajador de República Dominicana ante Suecia, no cobra su salario desde febrero de este año por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y, además, le fue suspendido el seguro médico.
El embajador Grimaldi Céspedes, informó ayer el deceso de su progenitora, Ana Casilda Céspedes Muñoz, de 90 años, de un infarto.
«Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me suspendieron el servicio pues la Cancillería me sacó de la nómina a pesar de que soy embajador de carrera por haber prestado once (11) años de servicio diplomático», señala el embajador.
“No he cobrado sueldo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, desde antes de la crisis sanitaria”, asegura.
Grimaldi Cespedes sostiene que le ha explicado la situación por escrito, en dos ocasiones a Miguel Vargas Maldonado, ministro de Relaciones exteriores, pero no ha tenido respuestas.
“Mi placet para el Reino de Suecia fue tramitado en diciembre 2019 y el decreto del Poder Ejecutivo de mi nombramiento fue emitido el 5 de marzo, inmediatamente fue recibido el beneplácito. Agradezco al Señor Presidente de la República Danilo Medina pues en noviembre del año pasado me comunicó previamente con anticipación del cambio o traslado de sede que había el mismo Presidente decidido”, dice.
Afirma que espera viajar a Suecia el mes próximo para asumir sus nuevas funciones diplomáticas al servicio del pueblo y del Estado de República Dominicana.
A continuación la última carta enviada a Miguel Vargas Maldonado.
Santo Domingo, D. N.
19 de mayo de 2020
Excelencia
Miguel Vargas Maldonado
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
Ciudad
Señor Canciller:
En enero de 2009, fui designado mediante decreto como Embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, bajo el amparo de la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores número 314, de fecha 6 de julio de 1964. En virtud de la cual y a tenor de lo establecido en el Párrafo I de su artículo 8, la condición de funcionario de carrera le sería otorgada a quienes cumplieran diez años en servicio.
Si bien es cierto que luego fue promulgada la Ley Orgánica número 630-16, la cual remite a un reglamento para regular este particular, al momento del pronunciamiento del Reglamento, en fecha 31 de enero de 2019, ya se habían cumplido los 10 años de mi designación.
No obstante lo dicho y más aún, mi condición de embajador de carrera es protegida por las disposiciones de la Constitución de la República. Como es de su saber, en su artículo 110, nuestra Carta Magna prevé el principio de irretroactividad de la Ley, indicando lo siguiente: “La ley sólo rige y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.”
En palabras de un destacado jurista dominicano:
[…] el principio de irretroactividad prohíbe, por un lado, la aplicación retroactiva de leyes gravosas para los derechos fundamentales, al tiempo que autoriza su aplicación cuando la misma favorece los derechos. Es lo que se conoce como principio de favorabilidad al que ya se ha hecho referencia más arriba.[1]
Por lo que en virtud de lo expuesto y en nuestra condición de embajador de carrera, tenemos a bien solicitarle que nos sea pagado nuestro salario correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente año 2020, de los cuales estamos aún a la espera.
Cordiales saludos,
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