Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina formó una comisión para investigar la denuncia formulada y aparecida en medios de comunicación, sobre irregularidades en el proceso de contratación denominado INAIPI -MAER-PUR-20200-002.
La comisión integró Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta; la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán; y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien informó que tras la revisión se recomendó al presidente remover los principales funcionarios vinculados al proceso de compra antes indicado.
Mediante decreto 146-20, destituyó al director de Operaciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Ricardo Guzmán y la directora de Compras, Maira Martínez; así como a los cinco miembros del comité de licitaciones.
Mediante ese mismo decreto, se designó a Kenia Lora, directora del INAIPI, en sustitución de Berlinesa Franco (renunciante), Greybby Cuello directora del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), en sustitución de Kenia Lora.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo explicó que la directora del INAIPI presentó su renuncia con efecto inmediato, “quien reconoció que por la prisa con el Estado de Emergencia del país omitió procedimientos mandatarios de nuestra legislación”.
Indicó que estas decisiones fueron motivadas tras realizarse las debidas investigaciones en torno al procedimiento para la compra de 40 mil kits de alimentación.
“A estas violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo”.
Informó, asimismo, que el proceso de compra en marcha ha sido cancelado. “Se constató, efectivamente, que se había establecido un mecanismo de precios fijos por encima de los precios del mercado, lo cual es inaceptable”.
Señaló que este caso será puesto de manera inmediata a la Procuraduría General de la República.
“Desde el Gobierno, no estamos asegurando de que, más allá de cualquier circunstancia, los procesos de compra se rijan por los principios de competencia, publicidad y transparencia claramente establecidos en nuestra legislación.
Aseguró que a los ciudadanos que “pueden estar seguros: a todo funcionario que sea sorprendido en mala práctica le será aplicada de manera estricta la ley”.
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