Barahona.- A solicitud de su abogado, Yuli Rocha, el juez interino del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, magistrado Manuel Guevara Ferreras, reenvió el conocimiento de medida de coerción a un exmilitar que en una nota de voz que circula en redes sociales expresó su interés de dinamitar el Palacio Nacional.
El conocimiento de la medida de coerción a Brayan Escalante Caraballo, de 40 años, fue dispuesto por el juez Guevara Carrasco para el próximo lunes 20 de mayo, a las nueve de la mañana, sin encontrar objeción en el Ministerio Público, representado en la magistrada Yokasta Báez.
Escalante Caraballo, apresado en Punta Cana, ciudad en la que se dedica al motoconcho, en la referida nota de voz, la cual se “regó como pólvora” en las redes sociales, solicitó una guagua de color “amarillo” con 24 tanques de dinamita para “echar abajo” el Palacio Nacional, pues según él es un exmilitar formado para matar gente”.
Por qué la solicitud
Rocha, abogado de la defensa técnica, al ser consultado por LALUPADELSUR, manifestó que hizo la solicitud al juez de la instrucción porque hasta hoy (jueves) no conocía el expediente de su defendido y busca un espacio para reunir los presupuestos, así como el arraigo del imputado de terrorismo por las autoridades.“La defensa técnica necesita tener los arraigos que justifiquen al juez que se trata de una persona que tiene familia, tiene una dirección, un domicilio y que es una persona dedicada al trabajo”, expuso Yuli Rocha al ser abordado por a su salida de la sala de audiencia.
Indicó que al ser apoderado hoy temprano en la mañana del caso acudió a solicitar se reenviara el conocimiento de la medida de coerción a los fines de reunir todas las pruebas necesarias al juez de la instrucción de que se trata de una persona que no es lo que dice el expediente, a los fines de que sea favorecido con una medida adecuada y no una que vulnere sus derechos.
Libertad de expresión
El profesional del derecho, negó las imputaciones hechas a Escalante Caraballo, aunque admite que no observa en el expediente elementos muy comprometedores contra su defendido, aunque sí alegan la Ley 53-07, específicamente los artículos 27 y 28, que juzga los actos de terrorismo.
Sin embargo, dijo entender que el caso de Escalante Caraballo no hay elementos de terrorismo, sino que lo que existe ahí son actos de manifestaciones, pronunciamientos de parte suya.
“La expresión está permitida por la Constitución de la República. Una cosa es expresarse, una cosa es decir, pero otra muy distinta es hacer el acto en sí de terrorismo. Actos son aquellas acciones que se ejecutarse realizan y se hacen”, expuso.
El letrado reiteró que el hecho de manifestarse y expresar determinados conceptos sobre algunos aspectos de la situación del país, ya sean estas de índole política, es permanente realizado por la oposición y todo el mundo.
Dijo no entender en que se basa el Ministerio Público de Barahona para establecer cuándo, dónde, cómo y en qué lugar es la persona que concretamente ha estado haciendo esos pronunciamientos tildándolo de “terrorista”.
Afirmó que lo único ocupado al exmilitar como elemento de prueba fue su motor, el cual utiliza para realizar las labores de motoconcho en Punta Cana y así conseguirles el sustento a sus familiares, sino que se trata de una imputación seria y grave a una persona humilde de nuestra sociedad.
