SAN FRANCISCO DE MACORÍS. –
Un tribunal del distrito judicial de Duarte impuso medidas de coerción contra Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, investigado por el Ministerio Público por presuntas amenazas contra el presidente de la República, Luis Abinader.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte estableció una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida, luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva contra el imputado.
La decisión, adoptada este viernes por el juez Wilton Oniel Peguero, dispone que De La Cruz Sosa se presente ante el Ministerio Público cada 15 días y permanezca bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses.
El fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al Ministerio Público durante la audiencia.
Investigación por presuntas amenazas contra el presidente
De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, De La Cruz Sosa fue arrestado mediante orden judicial durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.
Las autoridades también intervinieron un establecimiento comercial donde trabaja el investigado, identificado como Ferretería Molina, ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo municipio.
El Ministerio Público indicó que los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones del imputado, lo que dio paso a las diligencias investigativas y a la solicitud de órdenes judiciales de arresto y allanamiento.
En el proceso participan los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Investigan presunta planificación de atentado terrorista
La investigación contempla la identificación y ocupación de equipos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, tabletas y computadoras, así como armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que pudiera guardar relación con los hechos.
Según la información suministrada por el Ministerio Público, durante los allanamientos fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas, que están siendo evaluados como parte de las evidencias del caso.
La autorización judicial para los allanamientos hace referencia a una investigación sobre la presunta planificación de un atentado contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que supuestamente habría sido previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
El documento judicial citado por el Ministerio Público señala que la investigación se inició a partir de informaciones relacionadas con una posible acción terrorista.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.
El proceso se encuentra en fase de investigación y las imputaciones deberán ser demostradas ante los tribunales, con respeto a la presunción de inocencia del procesado.
