SEGURIDAD CIUDADANA | ACTUACIONES POLICIALES BAJO ESCRUTINIO
BANÍ, PERAVIA, RD. –
Siete personas muertas en menos de 30 días en hechos atribuidos a presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional constituyen una cifra que exige explicaciones, investigaciones rigurosas y transparencia de las autoridades.
La sucesión de muertes en distintos sectores de Baní y zonas cercanas plantea interrogantes que no deberían quedar respondidas únicamente con la versión oficial de que las víctimas eran personas buscadas por la comisión de delitos y que enfrentaron a las patrullas actuantes.
El caso más reciente es el de Yean Carlos Michael Polanco, conocido como Mafú, abatido a tiros el pasado domingo por una patrulla policial. Según el informe oficial, era buscado mediante una orden de arresto por la presunta comisión de varios delitos.
La mañana de este lunes, familiares lloraban su muerte en su residencia del sector Los Barracones, una escena de dolor que vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿se están agotando todas las vías para ejecutar las órdenes de arresto sin recurrir a la fuerza letal?
La interrogante no supone desconocer los riesgos que enfrentan los agentes policiales ni descartar que en determinados casos se produzcan enfrentamientos reales. Se trata de establecer, con pruebas verificables, qué ocurrió en cada intervención y si el uso de armas de fuego estuvo justificado.
Siete muertes en menos de un mes
Entre los casos reportados figura el de Rafael Cruz, conocido como Bolollón, muerto el 30 de septiembre en el distrito municipal de Villa Fundación.
El 4 de octubre murió Willy Rafael Díaz, alias Wilo, en el sector Santa Rosa. De acuerdo con la Policía, era buscado por su presunta vinculación con hechos delictivos en distintos puntos de Baní.
El 9 de octubre se reportaron las muertes de Johan Cuevas Culinario, conocido como El Poli, y Choquel Gómez Madé, alias Neo, en Don Gregorio.
También figura José Miguel Medina, conocido como Miguel Nari, muerto por disparos policiales la noche del 13 de octubre, en la carretera Baní-Azua, próximo a la comunidad de Cañafístol.
A estos casos se suman dos hombres señalados como presuntos atracadores, ultimados el 6 de octubre en las proximidades de CAEI, cerca de la carretera Sánchez, en el municipio de Nizao.
Según versiones de testigos citadas en la información original, los dos hombres habrían baleado por la espalda a una persona para despojarla de sus pertenencias en el balneario La Neverita, del río Nizao. Esa versión también requiere ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.
Con la muerte de Polanco, los siete fallecimientos reportados en este período conforman una secuencia que demanda establecer las circunstancias particulares de cada intervención policial.
Familiares cuestionan versión oficial
Uno de los elementos más sensibles es que, según la información disponible, familiares de las víctimas niegan que sus parientes hayan opuesto resistencia a los arrestos, mientras que la Policía sostiene que se produjeron intercambios de disparos.
Esa contradicción no puede resolverse automáticamente a favor de una de las partes. Requiere investigaciones que establezcan la secuencia de los hechos, las circunstancias en que se utilizaron las armas y la existencia de evidencias que respalden las versiones ofrecidas.
La identificación de una persona como presunto delincuente, incluso cuando exista una orden de arresto o antecedentes judiciales, no elimina su derecho a la vida ni sustituye la obligación de las autoridades de justificar el uso de la fuerza letal.
Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Si una persona es requerida por la Justicia, corresponde a las autoridades procurar su detención dentro del marco de la ley, sin perjuicio de las situaciones excepcionales en las que el uso de fuerza potencialmente mortal resulte necesario para proteger vidas.
La Policía debe explicar; el Ministerio Público debe investigar
Ante esta sucesión de fallecimientos, la Policía Nacional debería ofrecer información detallada sobre las circunstancias de cada operativo, las evidencias recogidas y las actuaciones adoptadas para documentar el uso de armas de fuego.
Al Ministerio Público le corresponde investigar de manera objetiva los casos en los que existan indicios de uso ilegítimo de la fuerza, incluyendo la realización de autopsias, peritajes balísticos, levantamientos de escenas y análisis de testimonios y otras evidencias disponibles.
La transparencia también exige que se informe si las actuaciones policiales están siendo examinadas de manera independiente y cuáles son los resultados procesales que puedan divulgarse legalmente.
La preocupación no consiste en impedir que la Policía enfrente el delito ni en desconocer la seguridad de sus agentes. Consiste en evitar que la expresión «intercambio de disparos» se convierta en una explicación automática que cierre las preguntas antes de que las evidencias hablen.
Siete personas muertas en menos de 30 días son siete historias que necesitan esclarecimiento individual. Baní merece seguridad, pero también garantías de que cada actuación de la autoridad se desarrolla dentro de la ley. La lucha contra la delincuencia y el respeto a la vida no deben presentarse como objetivos incompatibles.
