SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS FUNDAMENTALES
BARAHONA, RD. –
La Policía Nacional parece cada vez más presionada por una delincuencia que desafía su capacidad de respuesta, mientras las denuncias sobre muertes en presuntos intercambios de disparos y los cuestionamientos a sus procedimientos reabren una discusión fundamental: ¿está el cuerpo del orden respondiendo con eficacia a la criminalidad o se está alejando de su misión constitucional de proteger y servir?
El problema no se limita a la persecución del delito. También involucra la legitimidad de la autoridad, el uso proporcional de la fuerza, el respeto a los derechos fundamentales y la capacidad del Estado para investigar y sancionar los excesos que pudieran cometer sus agentes.
El lema policial, «proteger y servir», representa un compromiso con la ciudadanía que no puede reducirse a detener sospechosos, ejecutar órdenes judiciales o exhibir resultados en operativos. La eficacia policial también se mide por su capacidad de preservar vidas, respetar la ley y generar confianza pública.
El incidente con una diputada y los límites de la autoridad policial
El altercado entre agentes de la Policía Nacional y la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), representante de la provincia Comendador, Elías Piña, ha vuelto a colocar en el centro del debate la conducta de los uniformados frente a la ciudadanía y las autoridades civiles.
Según las denuncias relacionadas con el incidente, un coronel habría ordenado la detención de la legisladora y se ha cuestionado si fue esposada durante el procedimiento. La Policía Nacional, sin embargo, ha negado que la diputada fuera apresada y anunció una investigación a cargo de su inspector general, quien se trasladaría a Elías Piña para esclarecer lo ocurrido.
Corresponde a esa investigación establecer las circunstancias del altercado, las actuaciones individuales de los agentes y si se respetaron los procedimientos legales.
Pero hay una cuestión que trasciende la investidura de la congresista: ningún ciudadano debe ser objeto de abuso de autoridad, y ningún agente policial está por encima de la ley.
El respeto a una diputada no debe depender de su afiliación política ni de su posición en el Estado. Debe ser el mismo que merece cualquier persona, porque la dignidad humana y las garantías legales no son privilegios reservados a quienes ocupan cargos públicos.
Si se comprueba que hubo un uso arbitrario de la fuerza, el hecho debe tener consecuencias. Si la actuación policial se ajustó a la ley, la investigación debe ofrecer una explicación pública, sustentada en evidencias.
La transparencia es indispensable para evitar que estos episodios terminen convertidos en disputas políticas sin respuestas concretas.
Los intercambios de disparos y la pregunta que el Estado debe responder
Otro aspecto preocupante es la persistencia de muertes durante operaciones policiales, frecuentemente descritas por las autoridades como intercambios de disparos.
En la región Enriquillo, la muerte reciente de un hombre que era buscado por su presunta vinculación con un homicidio, tras resultar herido en un supuesto enfrentamiento con agentes en el municipio de Los Ríos, provincia Bahoruco, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de examinar cómo se desarrollan estos operativos.
La existencia de una orden de arresto, una investigación penal o antecedentes policiales no elimina el derecho a la vida. Tampoco significa que una persona señalada de cometer un delito haya perdido las garantías que le reconoce la Constitución.
La Policía tiene la obligación de perseguir a quienes infringen la ley, pero el uso de armas de fuego debe responder a las condiciones legales de necesidad y proporcionalidad. La fuerza letal no puede convertirse en una forma de castigo anticipado.
La pregunta no es si la Policía debe enfrentar a los delincuentes, sino cómo debe hacerlo dentro del Estado de derecho y quién verifica que sus actuaciones se ajusten a la ley.
Cuando ocurre una muerte durante un operativo, la sociedad necesita algo más que una versión institucional. Necesita investigaciones independientes, pruebas verificables, reconstrucción de los hechos y, cuando corresponda, responsabilidades penales o disciplinarias.
Las críticas de sectores sociales y religiosos a determinadas actuaciones policiales no deberían ser descalificadas automáticamente. Constituyen una señal de que la política de seguridad necesita rendir cuentas y demostrar que la protección ciudadana no se confunde con la eliminación física de los sospechosos.
¿Por qué la Policía parece cada vez más presionada?
La presión sobre la institución no puede explicarse únicamente por la conducta de quienes delinquen. También es necesario examinar las condiciones estructurales que dificultan la prevención y la investigación criminal.
Entre los factores que merecen atención están la capacidad investigativa, la formación de los agentes, la supervisión de los mandos, la disponibilidad de recursos, la coordinación con el Ministerio Público y la eficacia del sistema de justicia.
A ello se suma la necesidad de mejorar la inteligencia policial, fortalecer la investigación científica, perseguir las redes criminales y garantizar que las denuncias ciudadanas reciban respuestas oportunas.
Una Policía que depende excesivamente de operativos reactivos puede terminar atrapada en un círculo de delito, persecución, enfrentamientos y nuevas demandas de mano dura, sin resolver las causas que reproducen la inseguridad.
La seguridad pública no se construye solamente con patrullas, armas y detenciones. También requiere prevención, investigación profesional, controles internos y confianza entre las comunidades y sus autoridades.
Si los ciudadanos temen denunciar porque desconfían de la respuesta institucional, la Policía pierde información esencial para anticipar delitos, identificar responsables y proteger a las víctimas.
El discurso presidencial y la reinserción social
El presidente Luis Abinader ha defendido en distintas ocasiones la actuación de los organismos de seguridad y ha exhortado a personas buscadas por la justicia a entregarse para evitar consecuencias fatales durante su persecución.
Ese llamado puede contribuir a reducir riesgos, pero no debe interpretarse como una transferencia de responsabilidad a los perseguidos ni como una justificación anticipada de cualquier desenlace. La obligación de actuar conforme a la ley recae sobre los agentes y las instituciones del Estado.
También resulta necesario examinar el planteamiento del mandatario ante el Consejo Nacional de la Magistratura sobre las dificultades de reinserción social de personas con múltiples registros policiales.
Un historial de detenciones o registros puede ser relevante en una evaluación de riesgos, pero una ficha policial no equivale a una condena judicial ni debe convertirse, por sí sola, en una sentencia permanente de exclusión social.
La reincidencia delictiva exige respuestas firmes, pero también políticas de rehabilitación, educación, empleo, tratamiento cuando sea necesario y seguimiento posterior al cumplimiento de las penas.
Si el Estado considera que una persona con antecedentes tiene pocas posibilidades de reinsertarse, debería explicar qué programas existen para cambiar esa realidad. De lo contrario, el diagnóstico corre el riesgo de convertirse en una justificación de la exclusión, en lugar de servir como punto de partida para corregirla.
La reforma policial: más allá de cambiar uniformes y mandos
La discusión sobre la Policía Nacional no puede quedarse en la condena de un coronel, la suspensión de un agente o el anuncio de una investigación después de un incidente de alto perfil.
Una reforma efectiva requiere controles internos creíbles, supervisión externa, formación continua en derechos humanos, protocolos claros sobre el uso de la fuerza, sistemas confiables de registro de operativos y consecuencias verificables cuando se comprueben irregularidades.
También necesita mejores condiciones laborales, evaluación profesional, ascensos basados en méritos y una cultura institucional que no premie la cantidad de detenidos o la contundencia de los operativos por encima de la legalidad y los resultados sostenibles.
El desafío consiste en construir una institución capaz de enfrentar a organizaciones criminales sin reproducir prácticas que debiliten la confianza pública.
Una Policía fuerte no es la que más dispara, sino la que previene más delitos, investiga mejor, protege más vidas y consigue que la ciudadanía confíe en ella.
La delincuencia representa una amenaza real para las comunidades, pero el abuso de autoridad, cuando ocurre, también compromete la seguridad y la democracia. Ambos problemas deben enfrentarse sin excusas ni dobles estándares.
El debate que República Dominicana no puede seguir postergando
El caso de la diputada de Elías Piña y las muertes ocurridas durante presuntos enfrentamientos policiales plantean una disyuntiva que no debería dividir a la sociedad entre quienes apoyan a la Policía y quienes defienden los derechos humanos.
Es posible respaldar a los agentes que cumplen con su deber y, al mismo tiempo, exigir investigaciones rigurosas cuando existen denuncias de excesos. De hecho, esa exigencia protege también a los policías que actúan correctamente, porque impide que las actuaciones individuales cuestionables deterioren la reputación de toda la institución.
El Estado debe perseguir el delito, proteger a las víctimas y garantizar la seguridad. Pero también debe demostrar que sus agentes actúan dentro de la ley, que las muertes en operativos se investigan con rigor y que las denuncias contra sus miembros no quedan sepultadas bajo el uniforme.
La pregunta de fondo es si el país quiere una política de seguridad basada principalmente en la reacción y la fuerza, o una estrategia integral que combine prevención, inteligencia, justicia y respeto a los derechos fundamentales.
Porque si la Policía está acorralada por la delincuencia, la respuesta no puede consistir en acorralar también a la ciudadanía. La salida debe ser una institución más profesional, más transparente y más eficaz, capaz de proteger y servir sin convertir la fuerza en sustituto de la justicia.
La seguridad es un derecho de todos. También lo son la vida, la dignidad y el debido proceso. Defender uno no exige sacrificar los otros.
La discusión queda abierta: ¿la República Dominicana necesita una Policía más letal o una Policía más preparada, supervisada y confiable?
