Alfonso Benoit
Desde que Luis Abinader asumió la Presidencia de la República en agosto de 2020, una de las principales banderas de su administración ha sido la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El propio mandatario ha insistido en diferentes ocasiones en que no existirán funcionarios intocables y que cualquier persona que incurra en irregularidades deberá enfrentar las consecuencias.
Es una posición que merece ser reconocida.
Pero después de varios años de Gobierno también corresponde formular una pregunta incómoda: ¿por qué tantos de los casos que terminan convirtiéndose en escándalos parecen descubrirse cuando ya el problema ha explotado públicamente?
La historia se ha repetido en distintas instituciones.
En mayo de 2021, mientras el Ministerio Público investigaba posibles irregularidades en la Lotería Nacional, el Poder Ejecutivo suspendió provisionalmente a su administrador, Luis Maisichell Dicent.
Meses después, el entonces director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Adán Peguero, también fue suspendido de sus funciones.
En diciembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo derogó la designación de Luz del Alba Jiménez como ministra de la Juventud.
Estos casos son distintos entre sí y no pueden colocarse automáticamente bajo una misma responsabilidad penal. Cada expediente tiene sus propias circunstancias y corresponde a la justicia determinar responsabilidades individuales.
Pero políticamente existe una pregunta válida: ¿qué tan efectivos están siendo los mecanismos de prevención y supervisión dentro del propio Estado?
Del INTRANT a SeNaSa
El debate volvió a tomar fuerza con las investigaciones alrededor del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El Ministerio Público abrió procesos relacionados con contrataciones realizadas en esa institución y posteriormente desarrolló la denominada Operación Camaleón.
Independientemente de las responsabilidades que finalmente determinen los tribunales, el caso volvió a colocar sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿cómo pueden desarrollarse operaciones cuestionadas dentro de instituciones públicas sin que los controles internos las detecten con suficiente anticipación?
Con el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa, la preocupación adquirió una dimensión todavía mayor debido a la importancia de esta institución para millones de dominicanos.
Cuando una investigación alcanza una institución responsable de administrar recursos destinados a la salud de la población, el problema deja de ser exclusivamente judicial.
También se convierte en un asunto de supervisión administrativa y responsabilidad política.
No basta con actuar cuando aparece el escándalo.
Un Estado moderno necesita mecanismos capaces de prevenir, detectar y detener irregularidades antes de que alcancen grandes dimensiones.
Una investigación no demuestra culpabilidad
Es importante hacer una distinción.
Que una persona sea investigada, arrestada o sometida a un proceso judicial no significa automáticamente que sea culpable.
La responsabilidad penal corresponde establecerla a los tribunales respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
De la misma manera, la existencia de varios casos durante una administración no demuestra por sí sola que exista una estrategia para producir escándalos o controlar deliberadamente la conversación pública.
Pero tampoco significa que las preguntas deban desaparecer.
La transparencia no consiste solamente en entregar un expediente al Ministerio Público cuando el problema ya es público.
También significa explicar qué controles existían, quién debía supervisar, qué informes fueron elaborados y por qué las señales de alerta no funcionaron antes.
La diferencia entre justicia y comunicación política
Aquí aparece otro elemento que merece atención.
Cada vez que surge un caso que involucra a una institución pública, el Gobierno puede presentar su reacción como una demostración de independencia y de su compromiso con el denominado “régimen de consecuencias”.
Y ciertamente, que una administración permita que el Ministerio Público investigue a funcionarios de su propia gestión constituye una diferencia importante frente a cualquier escenario en el que las investigaciones sean bloqueadas.
Pero existe una diferencia entre reaccionar ante un problema y evitar que el problema ocurra.
La pregunta no debe ser únicamente:
¿El funcionario fue destituido?
También debemos preguntar:
¿Quién lo supervisaba?
¿Qué mecanismos de control fallaron?
¿Existían informes previos?
¿Hubo advertencias?
¿Cuánto dinero estuvo comprometido?
¿En qué momento tuvo conocimiento el Poder Ejecutivo?
¿Se corrigieron las debilidades institucionales que permitieron que ocurriera?
Responder estas preguntas permitiría distinguir con mayor claridad entre una verdadera política de prevención y una política basada principalmente en responder después de cada crisis.
El verdadero régimen de consecuencias
Un verdadero régimen de consecuencias no debería medirse por la cantidad de funcionarios destituidos ni por el número de expedientes judiciales.
Debería medirse también por la capacidad del Estado para impedir que los hechos se repitan.
Porque si después de cada escándalo simplemente cambia el funcionario, pero permanecen las mismas debilidades administrativas, el problema seguirá reproduciéndose.
El país necesita instituciones que funcionen independientemente de quién las dirija.
La actuación del Ministerio Público es importante.
La independencia judicial es importante.
La decisión de un presidente de no interferir en una investigación también lo es.
Pero la rendición de cuentas debe comenzar antes de que llegue el Ministerio Público.
Después de varios años de administración, el Gobierno tiene suficientes casos acumulados para explicar con mayor profundidad cómo están funcionando sus mecanismos internos de fiscalización.
La ciudadanía merece conocer no solamente quién fue investigado o destituido, sino cómo pudo ocurrir lo investigado dentro del aparato estatal.
Y al observar la secuencia de escándalo, investigación, separación del funcionario y posterior presentación pública del “régimen de consecuencias”, queda una pregunta que el Gobierno debe responder con hechos y documentos:
¿Estamos viendo únicamente justicia o también una cuidadosa administración del relato?
Autor,
Periodista y analista político
