SANTO DOMINGO, RD. –
El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre el presunto entramado de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sustraído fondos públicos por miles de millones de pesos.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que durante la operación fueron practicados 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Camacho indicó que 28 personas fueron arrestadas como parte de esta nueva etapa de la investigación, que involucra a ex empleados de SeNaSa, médicos y otras personas señaladas por el órgano persecutor.
Participan fiscales y agentes policiales
En los operativos participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la participación de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público, según informó el órgano persecutor.
Los equipos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) están bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz.
Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la ocupación de bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
El Ministerio Público sostiene que entre los objetivos de esta fase se encuentra procesar a médicos y otras personas que, según la investigación, habrían participado en mecanismos fraudulentos contra la ARS pública.
Investigación apunta a facturaciones y otras maniobras
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación ha permitido obtener evidencias que apuntan a supuestos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer recursos públicos.
El órgano acusador sostiene que el esquema habría operado mediante la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud vinculados a SeNaSa.
Entre los delitos atribuidos por el Ministerio Público a los procesados de la primera etapa figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Estas acusaciones forman parte de la investigación y de los procesos judiciales en curso, por lo que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal individual de cada imputado.
Antecedentes de la Operación Cobra
La primera fase de la investigación, denominada Operación Cobra, llevó al arresto de varias personas, entre ellas Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla del entramado investigado.
También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Según el Ministerio Público, el pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los demás procesados.
En el caso de Ada Ledesma Ubiera, la medida fue variada a arresto domiciliario por razones de salud.
El expediente también incluye a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan distintas medidas de coerción.
Asimismo, figura como procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó el pasado 30 de julio la prisión preventiva por 18 meses.
Ministerio Público vincula investigación con otros casos
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público también menciona la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado contra una estructura que, según el órgano persecutor, habría utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para realizar maniobras fraudulentas.
En ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían utilizado distintas sociedades y entidades para distraer recursos y realizar operaciones fraudulentas relacionadas con el Instituto Oncológico Regional del Cibao y SeNaSa.
Fraude clínico y farmacéutico
Según la investigación presentada por el Ministerio Público, entre las modalidades bajo pesquisa figuran el cambio de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos.
También se investigan, de acuerdo con el órgano acusador, la venta de medicamentos donados, operaciones relacionadas con exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas y otras actuaciones que habrían provocado perjuicios económicos.
El expediente incluye además alegaciones sobre cirugías estéticas realizadas en habitaciones del centro oncológico, gastos de representación considerados ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
El Ministerio Público afirma que continuará profundizando las investigaciones para determinar la responsabilidad individual de las personas vinculadas a los diferentes hechos bajo pesquisa.
La Operación Cobra 2.0-A se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades ofrezcan nuevos detalles sobre los arrestos, los bienes ocupados y las imputaciones correspondientes a cada investigado.
