SANTO DOMINGO, RD. –
El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este jueves el sexagésimo Consejo de Ministros, en el que fue aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de RD$2,036,844.2 millones.
Las informaciones fueron ofrecidas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
Paliza explicó que el proyecto contempla erogaciones por aproximadamente RD$2.037 billones, mientras que el Gobierno asegura que las asignaciones buscan priorizar la inversión y programas destinados a mejorar las condiciones de vida de la población.
Gobierno proyecta crecimiento de 4.75 %
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la propuesta presupuestaria se formula en un contexto en el que, según las autoridades, la economía dominicana mantiene capacidad de resiliencia.
El marco macroeconómico utilizado para el presupuesto contempla un crecimiento del PIB real de 4.75 % y una inflación promedio de alrededor de 4.5 %.
Díaz también resaltó que las reservas internacionales superan los US$15,000 millones.
El funcionario sostuvo que el presupuesto procura mantener el gasto de capital, un déficit fiscal considerado razonable por las autoridades y un crecimiento del gasto de capital superior al gasto corriente.
Gasto de capital aumentará 19.7 %
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el gasto de capital experimentará un incremento de 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente aumentará 12.3 %.
El proyecto contempla ingresos por RD$1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del PIB, y un techo de gasto de RD$1,837,856 millones, equivalente al 19.2 % del PIB.
La propuesta da continuidad a los lineamientos establecidos en la Política Presupuestaria 2027, aprobada por el Consejo de Ministros en julio pasado, y organiza el gasto alrededor de los objetivos de Meta RD 2036 y las metas priorizadas por el Gobierno.
Salud, educación e infraestructura
Entre las prioridades presupuestarias figuran educación, salud, infraestructura, productividad, institucionalidad y protección social.
En el área sanitaria se contemplan recursos para la continuidad y terminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y los programas sociales.
En infraestructura, el proyecto incluye inversiones en autopistas, transporte integrado, agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.
También se contempla el desarrollo de proyectos como el monorriel de Santiago, obras de saneamiento en localidades turísticas y costeras y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
Mantendrán 4 % del PIB para educación
Para el sector educativo, el Gobierno plantea mantener la asignación equivalente al 4 % del PIB, con énfasis en el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la ampliación del transporte escolar.
También se contemplan recursos para infraestructura hospitalaria y la continuidad del programa habitacional Mi Vivienda.
Proyecto será enviado al Congreso
El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre, conforme al procedimiento establecido para su conocimiento y aprobación.
El Gobierno sostiene que la propuesta busca mantener un equilibrio entre gasto social, inversión pública, crecimiento económico y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Ordenamiento territorial
Durante la misma reunión, el Consejo de Ministros conoció el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será enviado al Congreso Nacional para el proceso legislativo correspondiente.
La iniciativa se fundamenta en la Ley 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El objetivo es establecer un marco normativo para la implementación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y su articulación con los instrumentos regionales y municipales.
La propuesta incorpora criterios relacionados con sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, además de procurar una organización más racional del territorio nacional.
