SANTO DOMINGO, RD. –
El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González, dará inicio este viernes 28 de agosto al juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en el colapso del techo del establecimiento que provocó al menos 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y marcará el inicio de una de las etapas más importantes del proceso judicial relacionado con la tragedia ocurrida en la discoteca, durante una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también murió en el desplome.
Los hermanos Espaillat enfrentan acusaciones por homicidio involuntario, conforme a la imputación presentada por el Ministerio Público.
84 testigos y una acusación de 156 páginas
La acusación depositada por el Ministerio Público consta de 156 páginas y el expediente incluye un total de 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales que serán presentadas durante el juicio.
Junto a Antonio y Maribel Espaillat figuran como terceros civilmente demandados las entidades Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L., así como Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
Con la apertura del juicio de fondo, el caso Jet Set entra en una etapa decisiva, en la que el tribunal deberá valorar las pruebas presentadas por las partes y determinar las responsabilidades penales que correspondan conforme a derecho.
Las partes estarán representadas por equipos de abogados
Los propietarios de la discoteca estarán representados por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Mientras, el Ministerio Público estará representado por Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; el procurador general de la Corte de Apelación, Héctor Joel García Acevedo, además de los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.
Las víctimas estarán representadas por abogados como Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jáquez, entre otros.
Un proceso marcado por decisiones judiciales
El expediente llegó a manos del juez Franny González luego de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del conocimiento del caso debido a su relación de amistad cercana con una de las víctimas de la tragedia.
Anteriormente, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, había dispuesto la apertura a juicio de fondo luego de examinar el expediente.
En esa fase, el magistrado calificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, al tiempo que descartó la solicitud de un grupo de víctimas que pretendía que el proceso fuera llevado bajo la figura de homicidio voluntario.
Asimismo, fueron excluidos del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras entidades estatales que habían sido señaladas durante el proceso.
Medidas de coerción
A Antonio y Maribel Espaillat se les impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La decisión fue posteriormente confirmada por la Corte de Apelación, que rechazó los recursos presentados contra las medidas.
Una tragedia que estremeció al país
El desplome del techo de la discoteca Jet Set provocó una de las tragedias más graves registradas recientemente en República Dominicana, con 236 víctimas mortales y más de 180 personas heridas, según las cifras citadas en el expediente.
La magnitud del hecho generó un amplio debate nacional sobre la seguridad de las edificaciones destinadas a actividades públicas, así como sobre las responsabilidades de propietarios, autoridades y organismos encargados de supervisar las condiciones estructurales de estos establecimientos.
Ahora, corresponde al tribunal conocer las pruebas de las partes y determinar, durante el juicio, las responsabilidades que legalmente pudieran derivarse de la tragedia.
