SANTO DOMINGO, RD.–
La Junta Central Electoral (JCE) informó que apelará por todas las vías judiciales disponibles -nacionales como internacionales- la sentencia emitida por un tribunal de Estados Unidos que ordena pagar una empresa privada por presuntos servicios que, según el organismo electoral, nunca fueron contratados ni autorizados.
La institución sostuvo que no existe evidencia alguna que demuestre que el Pleno de la JCE o su presidente aprobaran la contratación de los servicios reclamados por la empresa Latin Events, LLC, razón por la cual agotará todos los recursos legales para revertir la decisión judicial.
El Pleno de la JCE dispuso que su equipo jurídico despliegue todas las acciones necesarias para proteger los intereses del Estado dominicano, así como la imagen y el buen nombre de la institución.
La decisión fue anunciada a propósito del auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera promovida por la empresa Latin Events, LLC.
JCE reconoce contrato por US$230 mil, pero rechaza nuevas facturas
La Junta explicó que sí contrató con Latin Events algunos servicios de publicidad y logística, cuyos compromisos fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria internacional SWIFT realizada el 21 de mayo de 2024, por un monto de US$230,000.
Sin embargo, indicó que posteriormente la empresa remitió nuevas facturas correspondientes a servicios que la institución asegura nunca solicitó ni autorizó.
Entre esos cargos figura una reclamación de US$600,000, más US$53,250 por concepto de impuestos sobre ventas, relacionados con la impresión de 15,000 boletos para la serie de béisbol Titanes del Caribe, celebrada entre los equipos Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Citi Field, de Queens, Nueva York, durante noviembre de 2023.
Alega violación al derecho de defensa
La JCE sostuvo que tampoco fue debidamente notificada del proceso judicial en su sede de República Dominicana, por lo que afirma que se vulneró su derecho de defensa.
Argumentó que, conforme a las disposiciones del Tratado de Viena, las notificaciones realizadas a consulados dominicanos en el exterior no sustituyen la notificación formal que debe efectuarse a la institución dentro del territorio nacional.
El organismo electoral reiteró que acudirá a todas las instancias judiciales competentes para demostrar que nunca asumió la obligación económica reclamada por la empresa y reafirmó su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público.
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