Santo Domingo, RD. –
El presidente Luis Abinader promulgó la noche de este martes la Ley 30-26 sobre medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, luego de que la iniciativa fuera aprobada de forma acelerada por el Congreso Nacional, donde el oficialismo cuenta con mayoría legislativa.
La pieza legislativa, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de fortalecer la economía nacional frente a un entorno internacional incierto, fue conocida y sancionada en tiempo récord por ambas cámaras legislativas, un proceso que ha generado cuestionamientos desde sectores de la oposición y diversos actores sociales.
Según establece la nueva normativa, su objetivo principal es promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el fortalecimiento de las condiciones que permitan el crecimiento económico y social del país.
Asimismo, la ley procura reforzar el manejo responsable de los recursos públicos y mejorar el cumplimiento tributario, sustentándose en los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago.
El texto promulgado también destaca la necesidad de preservar la estabilidad fiscal y macroeconómica para mantener la confianza de inversionistas, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y proteger la generación de empleos.
El Gobierno justifica la medida alegando que el escenario internacional continúa marcado por incertidumbres económicas y financieras que obligan a adoptar mecanismos preventivos para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
“Resulta necesario adoptar medidas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica”, señala uno de los considerandos de la legislación.
Críticas por rapidez en la aprobación
La aprobación de la ley no estuvo exenta de cuestionamientos.
Sectores opositores habían denunciado que la discusión del proyecto se realizó en un plazo demasiado corto para una iniciativa de alto impacto económico, alegando que el Congreso actuó como una simple instancia de validación de una propuesta previamente definida por el Poder Ejecutivo.
Durante los debates legislativos, representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el proyecto requería una discusión más amplia y la participación de otros sectores de la sociedad.
Pese a las críticas, la mayoría oficialista logró convertir la iniciativa en ley, consolidando una de las principales apuestas económicas del Gobierno para enfrentar los desafíos fiscales y financieros previstos para los próximos meses.
Con la promulgación de la Ley 30-26, el Gobierno inicia una nueva etapa en su estrategia económica, mientras distintos sectores permanecen atentos al impacto que las medidas contempladas en la normativa tendrán sobre empresas, trabajadores y consumidores.
