Espaillat, RD. –
A solicitud del Ministerio Público, jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Espaillat condenaron a 30 años de prisión a una mujer hallada culpable de provocar la muerte de su hijastra de apenas tres años, tras someterla de manera constante a maltratos físicos, emocionales y verbales.
La condena fue dictada contra Yaniris Martínez Cordero, luego de que el órgano acusador demostrara, mediante suficientes pruebas, que incurrió en actos de tortura y barbarie contra la menor.
Por el caso también fue condenado a un año de prisión el padre de la niña, Nichalson Nina, tras establecerse que incurrió en negligencia en el cuidado y protección de la infante.
El Ministerio Público explicó que Martínez Cordero fue encontrada culpable de violar los artículos 295, 303-4 y 304 del Código Penal Dominicano, mientras que Nina fue condenado bajo las disposiciones del artículo 357, numeral 3.
El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Keyla Rosario, establece que el 8 de mayo de 2023 las autoridades fueron notificadas de que una niña había sido llevada sin signos vitales a un centro de salud del municipio Gaspar Hernández.
Tras examinar el cadáver, el médico legista recomendó la realización de una autopsia, la cual determinó que la menor presentaba múltiples laceraciones traumáticas antiguas en distintas partes del cuerpo.
Durante las investigaciones, el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Fernando Martínez, estableció que antes de la tragedia se había realizado un acuerdo de no agresión entre el padre, la madrastra y el centro educativo donde estudiaba la menor, debido a que la niña acudía frecuentemente con golpes visibles.
Asimismo, testigos señalaron que la madrastra la sometía constantemente a hechos de violencia.
El informe preliminar de autopsia determinó que la niña padecía el denominado síndrome del niño maltratado, presentando hemorragia y edema pulmonar, gastritis hemorrágica, cicatrices antiguas y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Las fiscales litigantes Yesiely Fabré y Luisa Rodríguez presentaron múltiples pruebas que permitieron al tribunal establecer la responsabilidad penal de ambos procesados.
La sentencia fue emitida por los jueces Luis Rafael Diloné, Rosa Molina y Ana María Jiménez, quienes ordenaron el cumplimiento de las condenas en los centros de corrección y rehabilitación de Rafey Mujeres, en Santiago, y La Isleta, en Moca.
