Santo Domingo, R.D.–
El ministro del Ministerio de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la decisión del presidente Luis Abinader de detener definitivamente el proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, constituyó una respuesta a la oposición expresada por distintos sectores de la ciudadanía y, dadas las circunstancias, consideró que fue “la mejor decisión”.
No obstante, el funcionario aclaró que desde el punto de vista técnico la medida debía estar sustentada en los estudios ambientales pendientes, los cuales permitirían determinar la viabilidad o no de la explotación minera en la zona.
“Eso es lo que habíamos comentado en su momento y, obviamente, desde el punto de vista minero, eso es lo que procede. Mi deseo es que San Juan pueda tomar las mejores decisiones para el desarrollo de su provincia”, expresó.
Al participar en el “Desayuno de Listín Diario”, Santos defendió la necesidad de impulsar una minería responsable tras cierre de Romero, afirmando que proyectos de esa naturaleza pueden ser funcionales siempre que se desarrollen bajo criterios sostenibles, con beneficios económicos y sociales, minimizando el impacto ambiental.
El funcionario sostuvo que, aunque la agricultura representa el principal soporte económico de San Juan, la fortaleza de cualquier economía radica en su capacidad de diversificación productiva.
Indicó que la minería juega un papel “contra cíclico” en momentos de incertidumbre económica internacional, debido a que mantiene niveles de producción y aportes fiscales aun en escenarios de desaceleración.
Según explicó, durante 2024 el sector minero aportó alrededor de RD$18,000 millones y en 2025 unos RD$45,000 millones, contribuyendo al crecimiento económico nacional.
“Y no es que la minería vaya a resolver los problemas del país. Decir eso sería pretencioso. Lo importante es que juegue un rol armónico con los demás sectores de la economía”, manifestó.
Reforma minera
El ministro consideró necesario fortalecer la conciencia pública sobre la minería sostenible, así como actualizar el marco legal vigente.
En ese sentido, explicó que la Ley Minera dominicana data de 1971 y ya no responde a las condiciones actuales del país, por lo que el gobierno trabaja en una reforma orientada a mejorar los procesos de aprobación, incorporar nuevas tecnologías, fortalecer el seguimiento medioambiental y aumentar los aportes a las comunidades cercanas a proyectos extractivos.
“Hay que fortalecer algunos aspectos medioambientales y garantizar mayores beneficios para las localidades”, afirmó.
Santos informó que el proyecto de reforma podría ser remitido a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en un plazo aproximado de 60 días, tras alcanzar consensos con los sectores involucrados.
Impacto en inversionistas
Respecto a las preocupaciones surgidas tras la paralización del proyecto Romero, el funcionario aseguró que el gobierno mantendrá comunicación con inversionistas nacionales e internacionales para garantizar seguridad jurídica.
Recordó que la empresa canadiense GoldQuest era la principal promotora del proyecto minero en San Juan y que, tras la suspensión, sus acciones registraron pérdidas de hasta un 25.5 %, obligando incluso a la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá a suspender temporalmente sus cotizaciones.
Sin embargo, reiteró que la decisión presidencial se limita exclusivamente al proyecto Romero y no representa una posición contraria a la inversión extranjera en el país.
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