Bill Peña
Lo que hoy se intenta presentar como “desarrollo” no es más que un acto de irresponsabilidad histórica contra el Sur de la República Dominicana.
Aquí no hay espacio para eufemismos: poner en riesgo las aguas del río Yaque del Sur es atentar directamente contra la vida, la economía y el futuro de toda una región.
El río Yaque del Sur no es un simple curso de agua. Es la columna vertebral de la producción agrícola de provincias como San Juan de la Maguana, Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia y San José de Ocoa.
De sus aguas dependen miles de tareas agrícolas, cosechas completas y el sustento de familias que no tienen otra fuente de ingresos. Sin el Yaque del Sur, el Sur no produce; y sin producción, sobreviene el colapso social.
Pero el golpe sería aún más profundo. El Acueducto Regional del Suroeste (ASURO), que abastece de agua potable a provincias enteras como Barahona, Bahoruco e Independencia, y que incluso podría suplir a Pedernales, depende directamente de este sistema hídrico.
Contaminar estas aguas es una agresión directa contra la salud pública, una condena a consumir agua insegura o, peor aún, a no tenerla.
Y aun con todo esto sobre la mesa, se pretende imponer la explotación de la mina Romero, en la Cordillera Central, en las cercanías del nacimiento del río San Juan, afluente clave del Yaque del Sur.
Es decir, en el mismo corazón de la cuenca. No es ignorancia: es una decisión consciente de poner en juego un recurso vital por intereses económicos de corto plazo.
La experiencia internacional ha sido clara: donde se desarrollan explotaciones mineras de este tipo, el agua suele pagar el precio. Metales pesados, drenaje ácido y residuos tóxicos terminan afectando los ríos de manera progresiva. Pretender que aquí será diferente no es optimismo, es negligencia.
Aquí no hay medias tintas. Si se contamina el río San Juan, se contamina el Yaque del Sur. Y si se contamina el Yaque del Sur, se golpea la agricultura, se encarece el acceso al agua potable, aumentan los riesgos sanitarios y se empuja a miles de dominicanos hacia una crisis social. Eso no es progreso: es despojo.
Las preguntas son inevitables: ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando los suelos pierdan su productividad? ¿Quién responderá si el agua deja de ser apta para el consumo humano? ¿Quién compensará a las familias que perderán su sustento? La respuesta, aunque incómoda, parece evidente: nadie.
El país no puede permitirse este nivel de riesgo. No se puede hipotecar la seguridad hídrica del Sur por un proyecto extractivo de duración limitada y consecuencias permanentes. El costo sería, sencillamente, irreversible.
El río Yaque del Sur no es negociable. El agua no se vende, no se sacrifica y no se contamina en nombre de un supuesto progreso. Defenderla no es una opción: es una obligación moral, social y nacional.
El Sur no puede ni debe ser condenado. Y frente a esta amenaza, el silencio también sería cómplice.
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