La procuradora de corte y titular de la Pepca, Mirna Ortiz, calificó como «inminente y evidente» que el tribunal dictará sentencias condenatorias firmes contra el general Adán Cáceres Silvestre y los demás implicados en el entramado de corrupción desmantelado mediante las Operaciones Coral y Coral 5G.
Al responder a la prensa durante un receso en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Ortiz destacó que el Ministerio Público ha demostrado con pruebas «contundentes» la distracción de más de RD$4,500 millones del erario, superando los argumentos verbales presentados por las defensas técnicas.
Críticas al «Media Tour» de los imputados
La magistrada cuestionó la estrategia comunicacional de los procesados, asegurando que ante la falta de argumentos jurídicos sólidos en el salón de audiencias, han optado por defenderse en los medios de comunicación.
“Si no tuviéramos pruebas, ¿de qué se preocupan? ¿Por qué hacer este media tour? Se olvidan que los juicios se ganan en este salón de audiencias”, sentenció la titular de la Pepca.
Solicitudes de penas y decomisos
El Ministerio Público ha solicitado penas severas que buscan sentar un precedente en la administración pública dominicana:
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20 años de prisión: Para los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, así como para Rafael Núñez de Aza y Franklin Mata Flores.
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15 años de prisión: Para Rossy Guzmán (la Pastora), Kelman Santana y Pedro Castillo Nolasco.
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10 a 5 años: Para otros 22 imputados, incluyendo al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público exige el decomiso de villas, residencias y vehículos de lujo, así como la disolución de entidades como la Iglesia Bautista Vida Eterna y diversas razones sociales utilizadas para el lavado de activos.
El proceso en manos de las juezas
El juicio, que se encuentra en su fase culminante, está siendo ventilado por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes. La sociedad dominicana, y en especial la región Suroeste donde el impacto de la corrupción administrativa suele traducirse en la falta de inversión social, se mantiene expectante ante el fallo de este proceso que involucra la seguridad nacional y la transparencia del Estado.
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