Xavier Carrasco
La remisión del expediente del caso SENASA a los juzgados de la instrucción marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.
No se trata solo de un proceso penal con diez imputados ni de una cifra escandalosa que supera los RD$15,000 millones presuntamente sustraídos al Estado; se trata, sobre todo, de un mensaje político e institucional que por décadas estuvo ausente, la impunidad ya no es regla.
La denominada Operación Cobra, encabezada por el Ministerio Público a través de la PEPCA, tiene como principal imputado al exdirector de SENASA, Santiago Hazim, junto a personal administrativo y empresarios.
Más allá de nombres y cargos, el caso pone sobre la mesa una verdad incómoda: la corrupción no nace de la nada, se alimenta del poder sin control y se perpetúa cuando quienes deben actuar miran hacia otro lado.
Siempre he sostenido que la corrupción es una condición latente en la naturaleza humana; el poder, cuando no tiene límites, corrompe y seduce.
Pero lo que distingue a una sociedad de otra no es la inexistencia de corrupción, sino la forma en que reacciona frente a ella. Y lo que hoy ocurre con SENASA es precisamente eso, una reacción institucional que rompe con la tradición de encubrimiento.
Aquí no se está librando una guerra romántica contra la corrupción esa batalla es interminable, la lucha real es contra la impunidad.
Esa impunidad que durante décadas protegió a corruptos desde las más altas esferas del poder, que persiguió fiscales y presionó jueces cuando la justicia amenazaba con tocar intereses “intocables”.
Casos emblemáticos como OISOE, Sun Land, Los Tucanos, Peajes Sombra, Félix Bautista u Odebrecht son recordatorios de un pasado donde la justicia era selectiva y obediente.
La diferencia hoy es clara. El presidente Luis Abinader no solo permitió que las investigaciones avanzaran, sino que remitió directamente a la Procuraduría los primeros hallazgos para sustentar una investigación penal.
Incluso decisiones simbólicas como ordenar la apertura de la Procuraduría un sábado envían un mensaje inequívoco, el poder ejecutivo no interferirá para proteger a nadie.
En el derecho penal existe una figura muchas veces olvidada, el delito de acción por omisión. Quien tiene el deber de garante y no actúa para evitar un delito, responde con la misma gravedad que quien lo ejecuta.
Durante años, esa omisión fue la conducta dominante del Estado frente a la corrupción. Hoy, al menos en este caso, la omisión ha sido sustituida por acción.
La democracia se fortalece cuando la justicia deja de ser un privilegio y se convierte en una obligación. Porque al final, no hay reforma más profunda que aquella que le dice al poder; quien la hace, la paga.
