Luego de analizar y valorar distintas evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Valverde impuso tres meses de prisión preventiva al hombre que, con información falsa, registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso la medida privativa de libertad contra Máximo Mendoza y declaró el caso de tramitación compleja.
Además, otorgar un plazo de ocho meses al órgano persecutor para preparar el acto conclusivo del proceso que se le sigue al imputado.
El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), aportaron las evidencias con las que sustentaron la solicitud de medida de coerción ante la jueza Yiberty Polanco Herrán.
Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Según se ha establecido, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano, por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa. También, una violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
El Ministerio Público indicó que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca también su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física, simulando angustia y vulnerabilidad en momentos claves, especialmente al presentarse en centros de salud.
En este caso el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Mendoza cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
