Xavier Carrasco
La Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana fue concebida como una herramienta legal poderosa y necesaria para dinamizar el desarrollo económico, fomentar la inversión privada y fortalecer la alianza público-privada en la ejecución de proyectos de interés social.
Sin duda alguna, se trata de una de las normativas más ambiciosas y trascendentes del marco jurídico dominicano en las últimas tres décadas.
Esta ley abrió puertas importantes para que sectores tradicionalmente excluidos del crédito o la inversión encontraran en el fideicomiso un vehículo legítimo para canalizar recursos, garantizar la transparencia en la administración de fondos y blindar jurídicamente las obras de infraestructura o desarrollo habitacional. El fideicomiso, bien utilizado, representa una estructura moderna, flexible y efectiva.
No obstante, como suele suceder con toda herramienta poderosa en un entorno débil institucionalmente, el fideicomiso ha sido objeto de perversiones y distorsiones por parte de sectores que, lejos de perseguir el desarrollo o el bienestar colectivo, han encontrado en esta figura un sofisticado mecanismo para camuflar operaciones, ocultar capitales y, lo que es peor, evadir responsabilidades fiscales ante el Estado dominicano.
En lugar de utilizar el fideicomiso para proteger activos con fines lícitos, fomentar la inversión responsable o garantizar la ejecución de proyectos de forma eficiente, algunos grupos empresariales lo han convertido en una especie de “caja negra”, difícil de auditar, donde se diluyen los rastros de propiedad, se ocultan ingresos y se desdibujan las obligaciones tributarias. Esta práctica, aunque revestida de legalidad formal, es moralmente cuestionable y representa una afrenta al principio de equidad fiscal que debería regir toda economía moderna.
La evasión fiscal disfrazada bajo estructuras legales sofisticadas no es menos lesiva que aquella que se hace de forma burda. Ambas tienen el mismo efecto corrosivo: privan al Estado de recursos fundamentales para salud, educación, seguridad y desarrollo social. Mientras tanto, los contribuyentes honestos ven cómo se cargan sobre sus hombros el peso de un sistema desigual e injusto.
El desarrollo no puede construirse sobre estructuras que, en vez de fortalecer la confianza, se prestan al ocultamiento y a la evasión. La República Dominicana necesita más inversión, sí, pero también necesita reglas claras, instituciones fuertes y un régimen fiscal justo, donde nadie tenga corona ni escondite.
El fideicomiso es un instrumento de gran valor para el desarrollo nacional, pero solo cuando se utiliza con responsabilidad, transparencia y en favor del bien común.
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