Tomás Aquino Méndez
Las denuncias de robos, engaños y estafas desde las cárceles es tan vieja como los recintos penitenciarios. Con el tiempo, los métodos han ido cambiando. La llegada de los teléfonos celulares hizo más “sofisticadas” las estafas desde las cárceles.
Llevo años escuchando propuestas de procuradores, abogados y grupos de derechos humanos para evitar que los presos ejecuten acciones delictivas desde sus celdas.
En lo que más se ha insistido es en la necesidad de ¿BLOQUEAR? los celulares que usan los reos. Mi pregunta es ¿Cómo y porque se permite a los reclusos tener estos aparatos? Es evidente que hay una complicidad de los que manejan los recintos penitenciarios para que esto se produzca.
Creo injusto, insensato e innecesario que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones –INDOTEL- disponga de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS para bloquear señales de teléfonos en las cárceles. Una inversión improductiva.
Que no frenará el delito desde las cárceles. Solo obligará a los reclusos a buscar otros métodos que superen ese bloqueo. Esa inversión se irá en poco tiempo al desagüe de las cárceles.
Si DE VERDAD las autoridades del gobierno, desean frenar el uso de celulares en fraudes desde las cáceles, tienen en sus manos una solución rápida, efectiva y barata: IMPEDIR el ingreso de celulares a los recintos penitenciarios.
Esos RD$300 millones que se contempla DILAPIDAR en un inefectivo programa de bloqueo a celulares en las cárceles debería ir a mejorar la comunicación en nuestra zona rural, en el sector agropecuario, en la salud, en la educación u otras áreas carenciadas.
La procuraduría argumenta que el 90% de las llamadas fraudulentas sale de las cárceles, no dudamos de ese dato. Si en las cárceles hubiese teléfonos controlados por los agentes penitenciarios, limitados solo a las llamadas NECESARIAS de los presos, ese dato quedaría en el pasado y se eliminaría EL NEGOCIO de permitir la entrada de esos aparatos. El director de prisiones dijo que ya inicio un proyecto piloto de bloqueo de señales en las cárceles de La Vega, Higuey, Azua y Santiago.
Eso se detiene con solo IMPEDIR que entren los celulares a esas cárceles ¿o es que alguien se beneficia de esa permisividad y otros del plan para bloquear señales?
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