Durante La Semanal, encuentro de cada lunes del presidente Luis Abinader con la prensa en la sede de la casa del gobierno dominicano, el mandatario reveló que el avión propiedad de Venezuela y confiscado por los Estados Unidos en el país, está a nombre de una empresa privada, no del presidente Nicolás Maduro.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó, también, que el pasado mayo el Ministerio Público recibió una solicitud de cooperación jurídica internacional, para inmovilizar o secuestrar una aeronave Dassault Falcon 900 EX con fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes para actividades ilícitas y lavado de activos.
«Todo en el marco de una investigación criminal llevada a cabo por el departamento de Justicia de Estados Unidos, esa aeronave estaba en territorio dominicano para fines de mantenimiento, algo bastante normal, pues en el país hay servicios de muy buena calidad para ese tipo de aeronaves», explicó el jefe de la diplomacia dominicana.
Explicó que el 22 de mayo el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por una tribunal nacional competente, autorizando movilizar la aeronave, señalando que hoy se obtuvo una nueva orden judicial autorizando la entrega del avión al Estado requirente, es decir, a Estados Unidos, y por lo tanto el Ministerio Público entregó el avión y el Gobierno estadounidense la trasladó hacia su país.
Álvarez, aclaró, además, que ni el Gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos, sino que solo se requirió esa cooperación jurídica internacional, sosteniendo han sido los tribunales quienes han verificado los méritos de la solicitud del secuestro de la aeronave.
Recordó, también, que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de brindar este tipo de cooperación jurídica y que hay convenios bilaterales con Estados Unidos y otros países para ello, tras agregar que el órgano judicial tiene autonomía y estos son asuntos en los que el Gobierno Central no opina.
