Tomás Aquino Méndez
Entregar “sin traumas” las prestaciones laborales a empleados CANCELADOS en una institución estatal, parece el camino más corto y correcto.
La decisión más justa y humana. Es que esas personas quedan sin el ingreso que les permite sostenerse junto a los suyos. Sin embargo, muchos funcionarios prefieren contratar “una barra de defensa” para luchar en contra del servidor despedido.
Lo curioso es que esa defensa “contratada” va a recorrer un camino judicial para tratar de IMPEDIR que esa persona sea gratificada por ser cancelada injustamente de un trabajo donde no ha cometido ninguna falta.
En muchos casos el despedido ha laborado por 10 y hasta 20 años. Acudir a un tribunal para tratar de no resarcir a un empleado despedido parece una acción injusta.
Uno se pregunta ¿será que el funcionario en cuestión recibe algún beneficio particular para llevar a cabo esa odiosa practica? Lo digo, porque, sería más lógico que al tomar la decisión de cancelar a una persona, el funcionario debería PREEVIAMENTE calcular el monto de las prestaciones.
Así, al momento de cortar el contrato de trabajo, le entrega las prestaciones correspondientes. Estoy seguro que la institución se ahorraría mucho más dinero, que invierte al contratar a un bufete de abogados, que, con sus razones, prolonga los viajes a los tribunales, provocando gastos a la institución y al pobre empleado CANCELADO.
Este, sin empleo ni recursos, tiene también que buscar un togado para defender sus derechos, lo que hace que, en vez de recibir el 100% del dinero que merece por sus años de servicio, reciba solo 70%, dejando de percibir recursos que le ayudarían a resolver algunos problemas familiares y personales.
Con esa actitud de negar las prestaciones y llevar al cancelado a tribunales a luchar con abogados, pierde el gobierno, el presidente y el partido gobernante. Revisen esa actitud INDOLENTE.
