La Dirección General de Migración (DGM), acosa a mujeres migrantes de nacionalidad haitiana, en estdo de gestación (embarazadas) y lactantes, a las que en algunos casos deporta.
La acusación a Migración la hace el Foro Feminista Magaly Pineda, entidad que ve con mucha preocupación esta situación que contraviene las leyes, tratados y pactos internaciones de los que el país es signatario.
Señala que las últimas denuncias de colectivos de Derechos Humanos dan cuenta de que agentes de Migración se acercaron a centros de salud como la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Distrito Nacional; San Lorenzo de los Mina, Santo Domingo Este y en centros de salud de la provincia La Altagracia, para detener y, posteriormente, deportar a mujeres migrantes embarazadas y lactantes.
Afirma que Migración retoma estas acciones «denigrantes» y de «maltrato» a migrantes embarazadas en una modalidad represiva, pero que, a juicio del Foro de Mujeres Feministas «Magaly Pineda», no resuelve el tráfico de personas por la frontera, pese a que sabe que esta es una vía de «lucro permanente».
«Denunciamos y repudiamos estas acciones que violentan el derecho a la salud y la dignidad humana de las mujeres migrantes. Condenamos también el racismo que atraviesa estas acciones, ya que la Dirección General de Migración busca específicamente a las mujeres de pieles más oscuras para determinar si son o no haitianas y determinar su estatus migratorio», expone la entidad que defiende los derechos de ls mujeres sin importan su nacionalidad.
Exige, asimismo, a autoridades de la Dirección General de Migración que detenga las redadas en centros médicos, para preservar, tanto la salud de las migrantes, como cuidar la salud colectiva.
Exige, además, al gobierno dominicano, muy especialmente al presidente Luis Abinader, que modifique su posicionamiento «anti derechos» y que recuerde que «nuestra Constitución se fundamenta en la dignidad humana y que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas».
Le reitera y recuerda que la Constitución establece que “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
