El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió mantener en prisión preventiva a Jean Alain Rodríguez Sánchez, exprocurador general de la República, acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020.
“El tribunal entendió lo expresado en este proceso, de que la Operación Medusa es un caso de corrupción sin precedentes en los países de la región y en la República Dominicana, evidentemente”, resaltó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Se ha mantenido la medida de coerción y se ha mantenido porque hemos demostrado ante el tribunal que Jean Alain Rodríguez Sánchez ha tenido una conducta, desde antes de ser procesado, y durante todo el proceso y hasta el día de hoy, para procurar obstaculizar el mismo”, manifestó Camacho, al responder preguntas a los periodistas que cubren la fuente judicial.
Sostuvo que el acusado “busca evitar, en primer lugar, que fuera investigado y ahora que el proceso pueda avanzar”, al asegurar que la única medida de coerción que puede garantizar la presencia de Rodríguez Sánchez en el resto del proceso es la prisión preventiva, tal como lo ha entendido el tribunal.
Sobre la amenaza a testigos por parte del imputado, afirmó que “en el día de hoy aportamos al tribunal documentación sobre las presiones y amenazas que se han realizado a testigos, el Ministerio Público, y eso ha sido tomado en base para mantener la medida de coerción”.
“Nosotros no alegamos, nosotros lo que decimos lo probamos”, enfatizó, al indicar que Rodríguez Sánchez materializa sus amenazas por diversas vías.
Sobre los alegatos del imputado respecto a su salud, recordó: “Es que, como he dicho, como acabo de decir, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. En este tribunal, ni en ninguno de los otros tribunales, se ha presentado ninguna evidencia de una enfermedad grave y terminal, como establece el Código (Procesal Penal) para que se varíe la medida de coerción”.
Dijo que por eso el tribunal en el día de hoy ha fallado en base de lo que se le ha presentado, “no se le ha presentado presupuestos, se le presentó la información que aportó el Ministerio Público, el resto era documentación incapaz de ser utilizada como presupuesto para que se le variara la medida de coerción y es la razón por la que en derecho se ha mantenido la medida de coerción que es la solución jurídica que corresponde”.
Durante la audiencia, Camacho pidió mantener la medida de coerción privativa de libertad tras sostener que la gravedad de los hechos no ha variado, que se mantiene latente el peligro de fuga y por los esfuerzos del imputado para procurar obstruir el proceso.
Sostuvo que esas son razones más que suficientes para que el tribunal en derecho mantenga la medida de coerción consistente en prisión preventiva, al destacar que resulta proporcional a los hechos sobre los que se le acusa y el daño que debe ser resarcido.
Además, dijo que es la medida que asegura la presencia del acusado en la actual etapa del proceso en la audiencia preliminar y en las demás etapas posteriores.
Camacho representó al Ministerio Público junto a Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, durante la audiencia que por razones de espacio se celebró en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió acoger la solicitud del Ministerio Público para mantener en prisión al acusado que cumple la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Con la decisión del tribunal, el imputado y su defensa fallan otra vez en sus intentos por lograr la libertad como ha ocurrido en diferentes tribunales desde el inicio del proceso el pasado año.
El juez Martínez fijó para el 17 de enero del año 2023, a partir de las 9:00 de la mañana, la próxima audiencia para la revisión obligatoria de la coerción.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado el pasado año con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso también cumplen prisión preventiva en el citado centro penitenciario, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Mientras que Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.
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