Haití, que en 1915, un año antes que su vecina República Dominicana, fue objeto de una primera intervención militar por parte de Estados Unidos, con el objetivo de «resolver la situación de caos» argumentó que existía la administración norteamericana, está a punto de que se repite la historia, aunque de todos modos el país caribeño ha sido intervenido por fuerzas intervenoras en distintos contextos de su historia.
Esta vez, y no por iniciativa estadounidense, sino por el propio país caribeño que pide que fuerzas militares internacionales invadan la nación caribeña ante la incapacidad del gobierno de Ariel Henry para frente a la crisis social, política, económica e inseguridad, producto de grupos armados al margen de la ley que imponen la suyas en Haití, proocando terror y muerte en todo su territorio.
En ese sentido, el gobierno hiatiano solicita a sus socios apoyo para el desplegar de inmediato de una fuerza armada especial, pra hacer frente a la grave situación que vive el país, que agrava la reaparición del cólera.
Según publica este viernes el Diario Oficial de la República de Haití, Le Moniteur, el Consejo de Ministros autoriza al primer ministro, Ariel Henry, a «solicitar y obtener» de socios internacionales apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente, para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria».
Esta situación, añade la resolución gubernamental, se debe entre otras causas a la inseguridad resultante de las acciones delictivas de las bandas armadas y sus patrocinadores.
Busca, así conseguir un rápido clima de seguridad que permita luchar eficazmente contra el cólera, favorecer la distribución de carburante y agua potable en todo el país, funcionamiento de los hospitales, reanudación de las actividades económicas, libre circulación de personas y bienes, la reapertura de las escuelas, entre otros objetivos.
El Consejo de Ministros adoptó esta decisión el jueves en una sesión extraordinaria alarmada por el riesgo de una crisis humanitaria mayor por el brusco resurgimiento del cólera, sumado al deterioro acelerado de la situación de seguridad en todo el territorio nacional.
Además, el bloqueo de las terminales petroleras por las bandas armadas tiene «consecuencias catastróficas en el funcionamiento de los hospitales, obligados a cerrar sus puertas», y en «la disponibilidad de agua potable».
También, refiere la imposibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas y las dificultades de aprovisionar de comida a las ciudades, en un país donde al menos un 43% de la población sufre inseguridad alimentaria.
El Consejo de Ministros considera «imperativo» reanudar la actividad para «evitar la asfixia completa de la economía» y desea que se consiga «un clima propicio para la organización de elecciones libres, transparentes e inclusivas».
Haití lleva semanas inmerso en una aguda escasez de combustibles que, además, de hacer escalar los precios en el mercado negro, obliga al cierre o suspensión de servicios hospitalarios, bancos y todo tipo de empresas, entre ellas las potabilizadoras de agua, en un momento en que esta es necesaria para evitar la expansión del cólera.
A ello se une la violencia de las bandas armadas que se han hecho fuertes en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, causando cientos de muertos y miles de desplazados, y unas manifestaciones antigubernamentales marcadas por los saqueos, en especial tras el anuncio del Gobierno de aumentar el precio de los derivados del petróleo.
La crisis social, económica y de seguridad que sufre Haití desde hace años se vio agravada por el asesinato, en julio de 2021, del entonces presidente Jovenel Moise.
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