Tomás Aquino Méndez
Es cierto que el gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar la tranquilidad ciudadana. Es correcto que si hay anuncios de protestas, en la que se prevé pudiesen ocurrir desordenes, haya una presencia del “cuerpo del orden” para evitarlos.
También se debe reconocer la facultad que tienen los ciudadanos a reclamar lo que consideran sus derechos, porque así lo contempla nuestra Constitución.
Llama la atención que en los últimos días se han realizado y anunciado protestas y marchas en distintos puntos del país. Es preciso llamar a la cordura a protestantes y autoridades policiales enviados a “resguardar la paz”. Es preciso llamar a evitar los excesos.
Por ejemplo, creemos exagerado lo que sucedió el pasado miércoles en Capotillo. Esa abrumadora presencia policial ante el llamado a una marcha pacífica, estuvo a punto de producir una reacción adversa al deseo de las autoridades.
Al final, la marcha se realizó y no hubo fricciones. Se podría decir, sin exagerar, que se envió a dos agentes por cada protestante. Allí solo se reclamó que las autoridades revisen los precios de los productos de la canasta alimenticia básica, especialmente las carnes, el arroz, los aceites, etc.
Agregaron a sus exigencias que se evalúen los precios de los combustibles y se entregue el 30% de los recursos de los trabajadores acumulados por las AFP. Protestar y reclamar es un derecho Constitucional.
Reconocemos el compromiso de las autoridades de mantener la paz ciudadana. Sin embargo, ese celo no puede ser usado para atropellar ni violar leyes y derechos. Derechos y deberes tenemos los ciudadanos y los consagran las leyes de la nación.
Creemos que se deben evitar los excesos de quienes recurran al derecho a la protesta y de las autoridades que tienen el compromiso de mantener el orden y la paz. Vivimos en una sociedad civilizada.
