Entre los primeros apresados por la Pepca y la Dirección de Persecución figuran Francisco Pagán y los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez
Santo Domingo.- El gobierno que preside el presidente Luis Abinader ya comenzó con las primeras de tenciones de funcionarios de la pasada administración del expresidente Danilo Medina y que estarían vinculados a presuntas prácticas de corrupción.
Así informó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que inició esta madrugada con el apresamiento de un grupo de exfuncionarios, así como de proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno.
Los primeros detenidos son: Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). También Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
El proceso de investigación, que se desarrolla bajo los lineamientos generales y el permanente seguimiento de la procuradora de la República, Miriam Germán Brito, entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados que serán presentados ante un juez de la instrucción que deberá conocerles medidas de coerción.
La Pepca, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, dirige el proceso apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Ambos magistrados dirigen a un grupo de fiscales que son apoyados por miembros de un equipo élite de la Policía Nacional.
Los arrestos se empezaron a producir en horas de la madrugada bajo el amparo de órdenes judiciales que autorizan al Ministerio Público a operar.
La Procuraduría General de la República informó, a través de un comunicado, que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, siempre con el debido respeto al proceso penal y a los derechos de los imputados que fueron trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
