El Director General de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que a la fecha ha apoderado a la Procuraduría General de la República de seis expedientes con indicios de violación a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Los dos más recientes fueron depositados ayer, uno relacionado con la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras: y el otro con irregularidades concernientes al costo de la adecuación y remozamiento de la Ciudad Sanitaria.
Al referirse a la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco de la licitación pública internacional LPI-001-2013, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, la institución verificó que el adendum de este superaba casi un 100% más el monto que permitía la ley de compras, que es un 25% del monto original de la obra. Aunque no lo identifica como una “sobrevaluación”, “porque la Dirección no tiene la parte pericial para verificar”, el equipo de Contrataciones Públicas determinó que se violentó este principio en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Informó que en la resolución RIC-98-2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, que responde a la solicitud de investigación interpuesta por Participación Ciudadana sobre este proceso, la DGCP verificó irregularidades en la ejecución del contrato.
“En atención a los cambios exigidos en la resolución 00019/2015 del Ministerio de Salud Pública y el cambio trascendental en el monto que los ajustes implicaban, lo cual no correspondía a una simple modificación del contrato, se verificó que éste debía más bien rescindirse y convocarse un nuevo procedimiento”, dijo.
En el caso que involucra a la ministra de la Juventud, la institución indicó que los documentos aportados al Ministerio Público están relacionados con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000.
“Recordemos que la Dirección emitió una certificación donde se afirmaba que ciertamente con relación a la información que pudiéramos verificar en el Portal Transaccional o la información que podía estar disponible en el Portal Compra Dominicana o el SIGEF, ciertamente, no había informaciones que pudieran verificar las relaciones contractuales de la ministra de la Juventud, en licencia, pero nosotros solicitamos las informaciones físicas al Ayuntamiento de Boca Chica y al de la Guáyiga, la información fue organizada y depositada”, dijo.
El pasado 10 de septiembre Contrataciones Públicas sometió el primer expediente relacionado con la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Asimismo, el pasado 27 de octubre Pimentel depositó ante la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa tres expedientes con presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia y el Plan Social de la Presidencia, este último, otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
En cuanto a los expedientes del Inaipi, uno refiere que en 2016, dicha institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06 a través de procesos de urgencia para la adquisición de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, entre otros, de los que no se tiene evidencia y que costaron al Estado RD$208.5 millones.
El segundo es sobre el proceso CCC LPN del 2018, para el suministro y distribución de leche en Centros de Atención Integra a la Familia y a la Infancia por un monto de RD$60 millones.
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