CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
SANTO DOMINGO, RD.–
El Ministerio Público solicitó este miércoles al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el procesado Donald Guerrero y otros acusados en el expediente de la Operación Calamar.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó que las defensas recurran nuevamente a este mecanismo procesal para intentar evitar que las acusaciones sean discutidas en un juicio de fondo.
“Una vez más las defensas intentan rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones, al fondo de las pruebas; usando la extinción como una herramienta procesal”, afirmó Ortiz al salir del tribunal.
La representante del Ministerio Público sostuvo que solicitudes similares ya han sido rechazadas en otros procesos judiciales y aseguró que en este caso ocurrirá lo mismo.
“El tribunal rechazará la extinción, ordenará la presentación de la acusación, y ahí nos veremos, frente a las pruebas, donde la solución será única, la condena de los imputados”, expresó.
Tribunal decidirá el 14 de septiembre
Durante la jornada de este 2 de septiembre, las defensas presentaron formalmente la solicitud de extinción de la acción penal.
Ortiz explicó ante el tribunal las razones que, según el Ministerio Público, han provocado dilaciones en el conocimiento del proceso, aunque aseguró que el caso nunca se ha detenido.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez, presidenta; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fijó para el próximo lunes 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura de la decisión sobre la solicitud.
La procuradora también se refirió al recurso de apelación presentado por la defensa de Guerrero ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y manifestó su convencimiento de que tampoco prosperará.
“Ese recurso será declarado inadmisible, rechazado por la corte y nos veremos aquí”, afirmó.
Ministerio Público insiste en llevar el caso a juicio
Ortiz sostuvo que las defensas de los acusados han utilizado argumentos procesales similares para intentar evitar que el caso llegue a la etapa de fondo.
“Ellos parecen haber estudiado todos con el mismo libro; porque todos acuden a las mismas instancias y todos reciben las mismas respuestas del sistema de justicia”, manifestó.
La funcionaria insistió en que las acusaciones deben ser discutidas ante el tribunal y las pruebas sometidas al contradictorio, conforme al debido proceso.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia, además de Ortiz, por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; el procurador de corte Héctor García, y los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
35 acusados fueron enviados a juicio
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados en el expediente de la Operación Calamar.
Entre los enviados a juicio figuran el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes, entre otros.
Mientras tanto, el Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados.
Más de RD$19 mil millones bajo investigación
El órgano acusador sostiene que los procesados formaban parte de una estructura de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones.
Según la acusación, la estructura habría desviado recursos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como mediante sobornos destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2020.
El expediente también atribuye al grupo la sustracción de recursos relacionados con el pago de deudas de distintos ministerios y la implementación de un esquema de sobornos vinculado a los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.
Los procesados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
La Operación Calamar fue puesta en marcha por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023, cuando fueron apresados varios de los principales imputados del expediente.
La decisión del Tercer Tribunal Colegiado sobre la solicitud de extinción determinará el próximo paso procesal del caso y si el expediente continuará hacia el conocimiento del juicio de fondo.
